“Estoy acá en defensa de la República”
Reflexiones en torno a las manifestaciones en contra de la Reforma Judicial.
“Que se respete la división de poderes”, “queremos una justicia independiente”, “estamos cansados/as de la corrupción”, “defendemos la libertad”. Con alguna variante en la formulación de los enunciados, estas frases sintetizan las demandas escuchadas en las manifestaciones recientes en contra del gobierno de Alberto Fernández. Todas ellas en el contexto del debate acerca de la Reforma Judicial que ya cuenta con media sanción del Congreso y a la que los manifestantes se oponen.
Estas demandas se aglutinan en una frase que no estuvo ausente en todas las marchas y banderazos opositores al gobierno de Fernández: “Queremos más república”.
Este pedido da cuenta de varias cosas. La primera de ellas es que los manifestantes consideran que no estamos ante un régimen republicano, o al menos no ante un republicanismo completo, sino frente a un régimen al que le falta algo o en el que algo funciona mal para denominarse republicano.
En segundo lugar, y vinculándolo al llamado Banderazo del 17A, donde muchos carteles rezaban su rechazo a la Reforma Judicial por entender que eso atentaba contra la independencia del Poder Judicial, vemos que el déficit republicano que denuncian los manifestantes se expresa en el avance del Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial. De cierta forma, la República está a salvo en los juzgados y en oposición al Congreso y la Casa Rosada.
En tercer lugar, el pedido de más república, de independencia de los poderes (al menos del Poder Judicial frente al resto), de libertad y la denuncia contra la corrupción, va acompañado del fastidio frente a un viejo conocido y antinómico concepto de esta forma de entender la república: el populismo.
Entonces, pareciera ser que en el imaginario de los manifestantes, ellos están librando una “guerra santa” entre la venerable, maltratada y de buena reputación República contra el imprudente, tiránico y de largo prontuario populismo, siempre agazapado para atentar contra la libertad.
En ese conflicto entre la República, o digámoslo mejor, entre cierta manera de entender la República (a la que en un par de líneas le pondremos nombre) y el populismo (para el que vale la misma aclaración: cierta manera de entender al populismo) se inscribe, no casualmente, el rechazo a la Reforma Judicial.
El Republicanismo Liberal y Aristocrático
Es que, además de las criticas coyunturales frente a la reforma que van desde su rechazo por ser iniciativa de este gobierno (al que consideran populista) hasta la convicción de que se trata de una maniobra (no del todo explicada) para que Cristina Fernández de Kirchner no sea juzgada y (única opción posible para estos republicanos) encontrada culpable, manejando el poder judicial, el rechazo a la Reforma Judicial, entendida como defensa frente a los otros Poderes del Estado es central para una variante del Republicanismo Liberal (he aquí el nombre prometido): su variante aristocrática.
Estamos ante un republicanismo liberal y aristocrático (que por supuesto no se reconoce tal y, lo más interesante y digno de algún día reflexionar, es que no es por perversidad sino que es por convicción de ser representación del pueblo) que considera a la República como el modo de proteger los derechos individuales y las libertades frente al avance de las mayorías sobre el individuo.
Por eso, no es casual que el amparo que estos republicanos buscan sea en el Poder Judicial, ya que en nuestro sistema institucional es el menos democrático de los poderes. Ciertamente, donde los votos no alcanzan para convertirse en gobierno y representación del pueblo, la reserva frente al avance de esas mayorías (a las que no consideran el pueblo) se encuentra en un poder que esté más allá de la voluntad mayoritaria y que, por eso, es presentado como “independiente”, “no corrompido”, “no político”, sino más bien representante de la razón y la justicia.
El Poder Judicial es presentado, justamente por su rasgo de ser el menos democrático de los poderes, (al menos en cuanto a depender sus funcionarios de ser elegidos por el voto popular) como el guardián de los derechos ya que no tiene que preocuparse por ganar elecciones, sino por asegurarse de perseguir la justicia.
Esta concepción de la justicia (coyuntural, humana y atravesada por infinidad de condicionamientos) como la JUSTICIA (pura, abstracta, fuera de la dinámica de la lucha política y social, y por ende inmutable) permite a los manifestante que reclaman “más república” y, su versión más difundida, “independencia de los poderes”, sentir que ellos son el pueblo y el gobierno populista, apenas, la expresión de la mayoría.
Y aquí aparece una para nada novedosa forma de concebir al pueblo: el pueblo como representación.
El pueblo no es, desde esta concepción, lo que solemos señalar como sectores populares, porque el pueblo no está conformado, al menos esencialmente, por individuos concretos sino por una especie de espíritu nacional. El pueblo es lo mejor de lo nacional, no las personas concretas que habitan sobre la tierra patria.
Al respecto de la concepción del pueblo como representación Edmund Morgan en su ya clásico libro La invención del pueblo nos muestra como en Inglaterra cuando la legitimidad popular remplazo a la teocrática propia del absolutismo, los representantes del pueblo (la vieja aristocracia de los nobles mayormente) no se consideraban representantes sino que argumentaban que el cuerpo legislativo que formaban era, en efecto, el pueblo mismo expresándose.
La República como freno a los males de la democracia
Con todas las distancias del caso en Argentina, antes de la llegada del peronismo, y con mucha fuerza durante los años del fraude electoral y el régimen oligárquico anterior a la ley Sáenz Peña, esta forma de concebir al pueblo como un sujeto que cobra entidad en la representación de los mejores hombres (y mujeres debiéramos agregar hoy) y no en la masividad de los cuerpos que transpiran sobre este suelo persiste como tradición conservadora frente a la emergencia del pueblo en sentido democrático.
De esta manera, para los republicanos aristocráticos, los representantes del pueblo, cuando se trata de un gobierno populista (si es que el termino define algo) no son en realidad la representación del pueblo sino que son una especie de prolongación en el Estado de todos los vicios que anidan en las mayorías, son las multitudes para decirlo en términos de un viejo aristócrata nacional. El pueblo en verdad está representado en los manifestantes que exigen se respete la república, pueden ver con claridad la “corrupción del gobierno” y poseen la suficiente racionalidad para no ser engañados.
Es allí precisamente donde reside el rasgo aristocrático de este republicanismo. La razón aparece como fuerza moral superior a la voluntad mayoritaria y la división de poderes refleja esa distinción entre razón y pasión mayoritaria. La república, en esta versión, aparece como un freno a la democracia y sus males.
Esta idealización del Poder Judicial como el lugar donde reside la razón y la justicia deviene en una subordinación del ejecutivo y el legislativo a él. Los manifestantes parecen considerar que las decisiones de gobierno y el trabajo legislativo dependen en última instancia de ser aprobados o no por el Poder Judicial, siendo por eso el poder político real.
El republicanismo aristocrático, ligado a la defensa del Poder Judicial (con legitimidad racional) frente a las reformas que quiere imponerle el legislativo y el ejecutivo (legitimidad democrática) pretende ver en los jueces (al menos en los que adquieren nombre y apellido de la mano del poder mediático que los presenta como defensores de las leyes frente al avance del populista de turno) un poder de veto ante el avance de las mayorías sobre los derechos individuales, todo esto sin negar la democracia, aunque efectivamente esta postura lo hace de hecho, y arrogándose el título de “Pueblo” para una porción de la ciudadanía: la que es opositora a todo gobierno popular.
Esta forma de concebir el régimen republicano redunda en una idealización de los jueces, una sobredeterminación de la capacidad de veto que debiera tener el Poder Judicial y una subestimación de los sectores populares que votan lo que en estas páginas hemos dado por llamar gobiernos populistas, por considerar que son engañados, en el mejor de los casos, o que se venden por “un choripán y una coca” (razón última para movilizarse según estos republicanos). Finalmente, da cierta base de apoyo popular (si aceptamos que estos sectores se consideran el pueblo) a las maniobras de presión política que se expresa en el lawfare.