¿Y el Poder Judicial: cuándo y ante quién rinde cuentas?

Por Roberto Cristofano y Jorge Osterwalde

Nuestro país constitucionalmente ha definido y consolidado, desde el fondo de su historia un consenso solido, plasmado en los sucesivos cuerpos legales, sobre la idea de que elegimos como nación para organizarnos la forma Republicana y Democrática de Estado y de Gobierno. Sin profundizar en la conceptualización teórico filosófica de los términos, tema que nos excede y de los que es preferible nutrirse de los aportes de especialistas, sí podemos expresar que de esta definición surgen algunos conceptos y características concretos por todos comprendidos.

Entendemos por forma republicana de Estado esencialmente la división de poderes entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial con sus funciones especificas y contrapesos, y como fuente originaria necesaria para el ejercicio, por parte de ciudadanos, de las funciones que cada poder atañe, elegimos la forma Democrática de Gobierno con su rasgo central y distintivo de que la legitimidad de cualquier ejercicio de poder surge y se adquiere de la expresión directa de la voluntad del pueblo sin exclusiones, ni reglamentaciones que cercenen la participación.

De aquí siguen surgiendo conclusiones. A través del régimen electoral nacional los argentinos y argentinas hemos definido y consensuado que dos de los poderes principales de la Republica en forma sistemática, obligatoria y organizada cada dos y cuatro años deben renovar ante el pueblo su fuente de legitimidad a través del voto secreto y universal. De allí surge su legalidad y legitimidad de poder como cabeza del Poder ejecutivo y Legislativo, elementos insustituibles en las Democracias modernas para el ejercicio de las funciones propias de estos poderes.

Y el Poder Judicial como se elije? Quiénes lo eligen? ¿Y cómo se legitima?

El tercer Poder del Estado, el Poder Judicial, tiene funciones, como los anteriores, especificas. Alguna definiciones clásicas hablan de: “la función jurisdiccional como el Poder que garantiza el cumplimiento de las leyes en la Republica”, pero ¿cómo es que este Poder se elige para cumplimentar tan trascendente función republicana?

En principio la elección de los jueces del Poder Judicial tiene mecanismos constitucionalmente definidos y reglamentados que delegan en determinadas instituciones del Estado y la ciudadanía la responsabilidad, por ejemplo en los Consejos de la Magistratura tanto nacional como de cada provincia. ¿Pero aun comprendiendo que estos mecanismo son legales y poseen un grado intrínseco de legitimidad, son suficientes? ¿son expresión directa de la mayoría de la ciudadanía como lo es el sufragio directo que elije al Ejecutivo y el Legislativo?.

En primer lugar llegamos a la conclusión de que podemos hablar que nuestro sistema posee una forma indirecta de selección y elección de los jueces, ya que, los seleccionan “representantes” de la población  que previamente han sido seleccionados por diversas formas de voto directo (legisladores, integrantes del Poder Ejecutivo, representantes de Colegios de Magistrados y Abogados, representantes de Universidades). Claramente es un mecanismo que debe ser puesto en debate, pensado y repensado, y que surgirá, necesariamente de un análisis profundo, que se debe avanzar en la construcción de mecanismos más directos y más fidedignos de la voluntad popular para la elección de los ciudadanos que ejercen una función tan importante del Estado. No es un tema simple y no están las respuestas frente a nuestros ojos, pero es una cuestión de capital importancia si queremos construir una Democracia más integral, donde la voluntad de la población, fuente medular de legitimidad, se exprese de forma más fidedigna en todas las instituciones del Estado.

Luego surge otro interrogante y es: cuál es la forma de la legitimación posterior a la selección originaria de los jueces. Y volvemos a los otros dos poderes: cada 2 y 4 años se someten a la voluntad popular a través del voto directo. ¿Los jueces ante quién se relegitiman? ¿Cómo rinden cuentas los magistrados de cualquier nivel sobre el ejercicio de sus funciones? ¿Sólo ante la ley como expresión impersonal de la voluntad popular? ¿Ante Dios? Claramente de este interrogante se deriva un aspecto que no resulta muy difícil asociar con resabios monárquicos en nuestro sistema republicano democrático moderno.

Una Reforma para avanzar en la Democratización del Poder Judicial

Vivimos épocas, en que la Democracia toda y sus instituciones están en debate. La hegemonía creciente de los modelos asentados en la especulación financiera y la creciente dominación de los grandes grupos económicos transnacionales sobre los Estados Nacionales ponen en tensión en forma permanente las formas de gobierno conocidas en el mundo.

El Poder Judicial no es ajeno a estas tensiones, sino en ocasiones, cada vez más, se convierte en protagonista de ellas. Las más de las veces, jugando un rol de peligroso árbitro que inclina la balanza en pos del avance de los modelos político económicos que tienden a concentrar el capital y debilidad la voluntad democrática (las múltiples experiencias de Lawfare en el mundo son botones de muestra de esto).

Por ello es que, la necesidad de que nuestro país encare una Reforma Judicial, integral y profunda, de sus Poderes Judiciales, tanto en la órbita nacional y federal como en sus provincias, es un tema de vital importancia para la calidad democrática. Tan esencial resulta encarar como sociedad estas reformas que de no avanzar en ellas nuestro propio sistema democrático, cada día, corre serios riesgos de ver dañada y tensionada una y otra vez la expresión de la voluntad popular por acción de los intereses oscuros que se expresan en textos supuestamente imparciales de las “sentencias” judiciales, que laudan políticamente, en la mayoría de los casos hacia un mismo lado de la balanza.

Esta Reforma, tan imprescindible como vital, necesariamente debe ser encarada desde un proceso de debate que involucre a toda la ciudadanía, con protagonismo de los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil y representantes de todos los ámbitos de la vida nacional. Cientos de Foros de debate deben desarrollarse en cada rincón del país con una consigna: Democratizar el Poder Judicial y relegitimarlo como Poder del Estado, Independiente de los Poderosos e instrumento de la ciudadanía toda para impedir y recomponer Derechos vulnerados.

Con el reciente inicio de la reforma del fuero federal el gobierno nacional comienza a dar los primeros pasos, importantes y necesarios, el gran desafío es continuar avanzando en todos los niveles. La ciudadanía toda muy seguramente será protagonista.

Roberto Cristofano es Vocal Provincial de la AJB, Congresal y Secretario Gremial de la AJB Lomas de Zamora. Jorge Osterwalder es Congresal y Secretario Adjunto, AJB Lomas de Zamora.