Perón – Constitución y Pueblo

El bombardeo

María Daniela Marino — Tue, 23 Jun 2020 19:00:38 +0000

El bombardeo del 16 de junio de 1955 ha sido silenciado durante cincuenta años.

Como consecuencia de los regímenes políticos que sobrevinieron hasta el advenimiento de nuestra democracia, ese silencio se vio facilitado.

Más aún, hasta la llegada del gobierno de Néstor Kirchner, existió una notable resistencia en darle a este hecho nefasto, la importancia que merece como un suceso que marcó indiscutiblemente nuestra historia y nuestra identidad.

El bombardeo del 16 de junio de 1955, es sin dudas un crimen de lesa humanidad, pero, sin embargo, ha tenido menor trascendencia que un crimen común; su “ocultamiento”, no puede pasar inadvertido.

Debemos reflexionar acerca de los motivos por los cuales un hecho tan atroz no ha sido merecedor, si quiera, de una inclusión en las conmemoraciones oficiales durante casi medio siglo.

Cabe recordar que ese 16 de junio, parte de las fuerzas armadas sublevadas desataron un inesperado bombardeo a las 12:40 hrs., en un día laboral como cualquier otro, impactando la mayoría de las bombas y metralla en la Plaza de Mayo, avenidas y calles céntricas de alrededores; arrebatándole la vida a miles de personas. Resultaron víctimas hombres, mujeres y niños sin distinción.

Desde aproximadamente las 10:00 de la mañana, los aviones se preparaban para bombardear la ciudad, pero el mal clima demoraba la operación.

Catorce cazabombarderos monomotores biplaza, North American, y seis bombarderos bimotores Beechcraft, llevaban más de dos horas y media en el aire sobrevolando el Río de la Plata.

Al mediodía, iniciaron el bombardeo y ametrallamiento en la Plaza de Mayo, con epicentro en la Casa Rosada, impactando la primera bomba frente al Ministerio de Hacienda, y la segunda, en la entrada del subte de la línea “A”.

Se arrojaron 10 toneladas de bombas que provocaron centenares de víctimas -testigos que estuvieron en lugar, afirman que el número de muertos sobrepasaba los 1000, sin contar los heridos.

Una de las bombas atravesó el techo de un trolebús repleto y aunque su carga incendiaria no deflagró, el desplazamiento de aire de sus cien kilos de peso alcanzó para matar a 58 de 60 personas a bordo, muchos de ellos chicos que iban a la escuela.

Más de 50 fallecidos, fueron reconocidos en las morgues por sus delantales blancos.

Entre los caídos había peronistas, antiperonistas, católicos, creyentes de todo credo y ateos. Todos argentinos asesinados en nombre de Cristo, de la libertad y de la democracia.

El bombardeo se efectúo sin que medie una guerra o estado de sitio, sobre una población civil y con total impunidad.

Debo resaltar que lo que sucedió fue una lucha entre las fuerzas armadas, unas en un accionar legítimo y las otras en estado de sublevación, procurando éstas últimas, derrocar al gobierno de Juan Domingo Perón.

Los acontecimientos no se desarrollaron entre sediciosos o entre fuerzas armadas sublevadas y grupos subversivos. No, fueron entre fuerzas armadas en un obrar legítimo unas y otras en uno ilegítimo, -aunque la ilegitimidad fue una cuestión de coyuntura-, puesto que tres meses más tarde iban a ser reivindicadas por el gobierno de la revolución finalmente triunfante, el 16 de septiembre.

Se pretendía derrocar al presidente a cualquier precio, incluso se decía que el objetivo era matar a Perón.

Ese día, el gobierno había programado un acto que consistía en un desfile aéreo que se realizaría en la Plaza de Mayo en homenaje al Gral. San Martín y en desagravio a la bandera nacional que había sido quemada en un episodio confuso unos días antes en la procesión de la celebración del “Corpus Christi”.

Se sostuvo que pretendían atrapar a Perón en el edificio de Casa de Gobierno, desde donde vería el acto programado para ese día.

En el contexto de ese acto anunciado por el gobierno, donde se esperaba un desfile aéreo, desataron el bombardeo sobre una plaza que reunía ya a miles de personas.

Con total intencionalidad y conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se asesina a la población de manera generalizada, presuntamente ¿“para matar a Perón”?

Cuáles eran las “razones” que convirtieron a los perpetradores en “dioses” para decidir terminar con la vida de tantos y tantas argentinos y argentinas?

Si bien había un clima de tensión por algunos eventos que precedieron al bombardeo, como fue la quema de la bandera argentina en la procesión del 11 de junio de ese año, convirtiéndose el tradicional Corpus Christi en una auténtica manifestación política, no había ningún indicio de que un acto de semejante magnitud pudiere tener lugar. Ello, sin perjuicio de que hubo también otros hechos anteriores que, aunque de menor magnitud, generaron víctimas inocentes. En efecto, el día 15 de abril de 1953, con motivo de un acto oficialista, un «comando civil» hizo explotar dos bombas, una de ellas en el andén de la estación «Plaza de Mayo» de la Línea «A» de los subterráneos porteños.

Lo cierto es, que existía un fuerte malestar por parte de grupos opositores al gobierno peronista, entre los cuales estaba incluida parte de la Iglesia Católica.

Este malestar se agudizó con algunas medidas que se adoptaron, como la ley que derogó la enseñanza religiosa, la ley que implantó el divorcio vincular, el retiro del apoyo oficial a instituciones privadas de enseñanza católica, la autorización de las casas de lenocinio; y la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución para separar la Iglesia del Estado, entre otras. Pero la principal oposición de Perón se encontraba en la Marina, la que fue relacionada por él mismo, como asociada a Inglaterra en su derrocamiento.

Explicaba Perón en el exilio, en relación a la posterior revolución contra él, que fue hecha por los ingleses por un motivo económico, sustentado en el perjuicio que les causó la implantación de medidas de control en la importación de productos de ese país y la instalación de fábricas en el nuestro. Es decir, se había instalado una política que pretendía romper con la dependencia económica que existía hasta 1945.

Así también, Perón expresaba -refiriéndose al financiamiento de la Marina por parte de Inglaterra- lo siguiente: “…Nosotros sabíamos que Inglaterra estaba dirigiendo y financiando esto, y por ello, retiramos toda la munición a la Marina. No les dejamos ni las espoletas de los cañones. Pero los ingleses, desde las bases de las Malvinas, no solamente les facilitaron esas municiones, sino que también los abastecieron de combustibles y alimentos desde Montevideo…” ¹.

Es evidente, que el contexto que rodeó al bombardero fue de lucha de clases; de un odio tremendo alimentado por los “poderosos” y por quienes, en ese proceso de liberación económica de los ingleses, veían afectados sus intereses. No obstante, reitero, nada hacía presumir la posibilidad de un bombardeo realizado por las mismas fuerzas que debían defender al pueblo contra el pueblo mismo; como en efecto, ocurrió ese 16 de junio.

Así las cosas, la Marina tuvo un papel fundamental en este episodio, ayudada desde el exterior; pero también, por civiles opositores tuvieron una participación muy importante en la conspiración, conjuntamente con un sector de la Iglesia Católica.

Matar a Perón

Ese ha sido el lema que endulzó los oídos de aquellos que odiaban al General y que consintieron el horror porque para ellos “el fin justificó los medios”. Pero haciendo un análisis de los acontecimientos históricos sucesivos, es evidente que el objetivo trascendía, matar a Perón.

A partir del 16 de junio de 1955, se instaló el terrorismo de Estado como un método sistemático para lograr imponer las voluntades de aquellos que establecieron posteriormente las dictaduras militares. Los mismos autores del bombardeo y sus continuadores, cometieron los crímenes de lesa humanidad más terribles, que todavía nos encuentran con las heridas abiertas; desapariciones forzadas, torturas, violaciones, exilios…

No hay nada más peligroso que el odio de clases y las grietas que se alimentan para satisfacer intereses económicos.

Oscar Wilde decía, “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”; pero entiendo que ese no es nuestro único deber. Debemos recordarla para aprender del pasado y evitar repetirla, MEMORIA, reescribirla con la VERDAD, y reparar a las víctimas, JUSTICIA.

Memoria, verdad y justicia

María Daniela Marino.

Nieta de Juan Carlos Marino, víctima del bombardeo.

John William Cooke: la república popular

Cristian Gaude — Tue, 16 Jun 2020 18:43:05 +0000

“El peronismo puede ser democrático, pero nunca republicano.” Sentenciaba alguna vez cierto crítico del movimiento de masas surgido a mediados de la década del cuarenta. El problema no fue esa afirmación. El problema fue que los que nos sentimos peronistas le creímos y aceptamos su división.

Ciertamente, por razones que no podemos analizar en esté escrito por cuestiones de espacio, existe una especie de consenso tácito en admitir a la democracia como un atributo de los sectores progresistas (por llamarlos de algún modo) y al republicanismo como algo más bien propio del pensamiento conservador. En esa aceptación, y renuncia a la noción de república, hay una derrota intelectual que nos priva de una riquísima fuente de pensamiento emancipador.

Afirmo que el peronismo puede ser comprendido (entre otras cosas) como una forma de republicanismo que se expresa en su preocupación por generar instituciones públicas pensadas en un sentido liberador. El mayor exponente de este republicanismo de las pampas es sin duda el diputado John William Cooke.

Cooke ocupo una banca como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 1946 y 1952. Entre esos años expreso una serie de ideas y conceptos que (en oposición a lo que suele afirmarse sobre su pensamiento) lo acompañaran toda su vida y que permiten caracterizarlo como un pensador nacionalista, antiliberal, antiimperialista y marxista. Ese pensamiento se orientaba hacia la búsqueda de un objetivo fundamental: la liberación nacional.

¿Por qué a todos los recién enumerados carteles adjudicados al pensamiento de Cooke sumarle el de republicano? Porque tal como hemos dicho el republicanismo parece estar reservado a posiciones políticas conservadoras que lo encadenan a “cierta forma” de republicanismo, ocultando el hecho de que, en realidad, el republicanismo no es una corriente de pensamiento homogénea y fácilmente definible, sino que existen diferentes tradiciones republicanas en disputa.

Lo que sí existe, innegablemente, es una fuerte posición hegemónica de la conjunción republicanismo-liberalismo, que genera una forma republicana liberal (y como veremos en este artículo aristocrática).

El republicanismo liberal combina la preocupación republicana por la institucionalidad del poder público para resolver los asuntos de interés general con la definición negativa de la libertad propia del liberalismo.

La búsqueda de la libertad es el objetivo de toda tradición republicana, siendo central la definición que adquiere ese concepto. Para el liberalismo la libertad es un atributo individual que se afirma cuando los sujetos no encuentran trabas externas para tomar decisiones y actuar en base a ellas. Desde esta perspectiva, necesariamente, el resto de los individuos que forman parte de la sociedad son un freno a la libertad y un posible factor de conflicto.

Hobbes proponía esta misma definición de libertad, solo para decir a continuación que había que renunciar a ella pues llevaba ineludiblemente al estado de guerra. Los liberales, nacidos al calor de la batalla ideológica contra las monarquías absolutistas, abrazaban la definición de libertad que desarrollara Hobbes pero no admitían que haya que renunciar totalmente a ella para acceder a una situación jerárquicamente superior llamada seguridad.

Sin embargo, admiten que la libertad absoluta de los individuos redundaría en un clima de inestabilidad que haría difícil la vida social. Por eso admiten grados de disminución de la libertad. A esa disminución de la libertad la llaman leyes.

En efecto, para los liberales las leyes son frenos a libertad individual pues implican pautas de comportamiento no decididas individualmente (internamente) sino socialmente, es decir desde una exterioridad a la que el individuo pertenece y solo por eso es tolerable. Pero las leyes, desde esta postura, son siempre una reducción de la libertad, solo tolerable en cuanto es el “mal menor” a elegir.

El Estado, entonces, es siempre factor de dominación pues interviene en la vida de los individuos reduciendo la libertad. Por eso, el diseño institucional necesario para llevar adelante la vida gregaria, protegiendo al individuo de las presiones de la sociedad, debe partir del reconocimiento del poder público como la oposición a la libertad.

De esta forma, el Estado debe hacer todo lo posible para reprimirse a sí mismo y reducir al máx犀利士
imo su capacidad de interferencia en la vida de los individuos. Partiendo de este objetivo se arriba a una institucionalidad republicana muy particular, en donde la “cosa pública” es esencialmente dilucidar como generar instituciones que no nos dominen.

Por tal razón, cuando evocamos a la república lejos de los ámbitos especializados de investigación nos encontramos con un extendido “sentido común” que nos habla de la división de poderes, los balances y contrapesos y la despersonalización del gobierno.

Todo el aparato institucional estatal está pensado para que el Estado se reprima a sí mismo, pues es el principal factor de dominación. De esta forma se plantea una tajante división entre la denominada “sociedad civil” (reino de lo privado) y la “sociedad política” donde los individuos forman parte de un todo. En esa división, el ser parte del todo es una carga para los individuos, es el lugar de las obligaciones como ciudadano. En cambio, en la esfera de las relaciones privadas es en donde se manifiesta la libertad.

La libertad, entonces, desde una perspectiva republicana y liberal, es una situación de la que gozan los individuos cuando se ven a salvo de las interferencias del poder público sobre sus vidas. El Estado debe apenas garantizar de estabilidad mediante la protección de los derechos de TODAS las personas, sin distinciones socio-económicas, poniendo a todos los individuos en una situación de supuesta igualdad política y social.

Pero esta conjunción entre el liberalismo y el republicanismo, sin bien hegemónica desde al menos el siglo XIX, no es la única posibilidad republicana como hemos dicho. Existe otra corriente republicana, nacida de la conjunción entre el republicanismo clásico, el pensamiento renacentista y la obra (republicana) antimonárquica de los siglos XVII y XVIII.

Este republicanismo, plantea la necesidad de anteponer el interés público al privado y concibe a la libertad de manera dual: como autonomía y como no-dominación. En cuanto a la autonomía, se refiere a la capacidad de la Ciudad-Estado de ejercer su soberanía sin estar sometida a un poder externo, es decir otros Estados. En cuanto no-dominación, la libertad es pensada como la capacidad de los ciudadanos de verse a salvo de interferencias arbitrarias para la acción. Tal como la define Philip Pettit (1999) la libertad no es estar librado individualmente de cualquier interferencia externa, sino estar librado de interferencias arbitrarias, existiendo, por ende, interferencias no arbitrarias.

Este republicanismo al que denominamos popular, parte de una concepción bien diferente de la liberal acerca de lo que es ser libre. Si el liberalismo encuentra en el individuo al sujeto de la libertad, el republicanismo popular, en cambio, concibe a un sujeto de la libertad diferente: el pueblo.

Al poner el interés general por encima del interés particular de los individuos, estos quedan relegados tras la figura del ser colectivo. Pero este ser colectivo al que denominamos pueblo es, al igual que la libertad, dual. A veces refiere a la totalidad del cuerpo político y otras veces a una parte de esa totalidad.

Este republicanismo popular (vale la pena mencionar algunos nombres, tales como Cicerón, Maquiavelo, Rousseau, etc., que por cuestiones de espacio no serán analizados aquí) es fructífero para analizar al peronismo y su preocupación por generar instituciones en un sentido liberador. Y si sirve para pensar al peronismo en general es aún más propicio para acercarse al pensamiento de una de sus figuras principales: John William Cooke.

El republicanismo popular de Cooke

Cooke, cuya figura de bronce está ligada a la emergencia de la “izquierda peronista” y se lo identifica rápidamente como el primer delegado personal de Perón, empezó su carrera, como ya hemos mencionado, como Diputado Nacional. Cumpliendo ese rol intervino en los más importantes debates de su tiempo, desplegando una serie de ideas y conceptos que nunca abandonarían del todo su pensamiento (aunque la mayoría de los trabajos referidos a Cooke identifican etapas evolutivas más bien definidas en su pensamiento). Las palabras de Cooke expresan un pensamiento republicano popular y criollo (Gaude; 2015).

Cooke sostenía que la Argentina no había completado su proceso de liberación nacional, pues la libertad política que había obtenido tras las guerras de independencia, se contraponía con la dependencia económica y el sometimiento colonial que el imperialismo ejercía sobre el país.

Las causas de este sometimiento, Cooke las adjudicaba a la hegemonía del liberalismo como sentido común instalado en el territorio por una clase dirigente sin conciencia nacional, que actuaba movida por sus intereses particulares y en alianza al imperialismo británico.

A nivel económico el liberalismo y su defensa de la libertad de comercio y contratación había sido la herramienta conceptual que había utilizado el imperialismo para justificar la división internacional del trabajo. En esa división a la Argentina se le había impuesto el papel de productora de materias primas y alimento, relegando todo intento de desarrollo industrial, para acceder a esos productos mediante el comercio internacional.

Para Cooke el modelo agroexportador era perjudicial para el país, pues solo beneficiaba a unos pocos a cambio de perjudicar a la mayoría. Más aún, no solo el desequilibrio comercial que generaba el modelo era perjudicial para la nación, sino que toda la estructura económica que se había generado profundizaba la subordinación del pueblo a los poderes económicos. Ejemplo de eso, decía Cooke era la creación del Banco Central como una entidad mixta, la deuda externa tomada en favor de los acreedores, el monopolio de los medios de transporte urbanos en manos de la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de capitales británicos y el papel monopólico de algunas empresas de servicios que estaban en manos privadas.

Para Cooke, entonces, la libertad política obtenida en el proceso de independencia y expresada en la Constitución Nacional de 1853 no era real pues contrastaba con la ausencia del grado necesario de libertad económica para ejercerla. Para superar esa falta de libertad económica, Cooke creía que la única solución era la planificación e intervención económica del Estado.

La intervención estatal, considerada por el liberalismo como una reducción (quizás la mayor de todas) de la libertad de los agentes económicos privados requería dictar una serie de leyes específicas que institucionalicen esa intervención. Varios proyectos de ley en ese sentido fueron presentados por Cooke en la Cámara de Diputados.

Uno de los más importantes de esos proyectos presentados por el diputado peronista fue el de represión de los actos de monopolio de 1948. Cooke sostenía allí que el monopolio no es una anomalía del desarrollo económico liberal, sino que es la consecuencia lógica de ese modelo. Los liberales sostenían que el monopolio era un hecho anómalo que impedía la competencia empresarial y que podía ser superado mediante una ocasional intervención estatal para reacomodar el mercado y luego retirarse. Para Cooke no era cierto que el monopolio sea la excepción sino que era la regla, y tampoco era cierto que el Estado intervenga “ocasionalmente” en la economía para luego abstenerse de hacerlo, sino que el monopolio era la regla en una economía liberal en donde el Estado intervenía, pero afirmando que no lo hacía.

Porque intervención estatal hay siempre solía decir Cooke, y agregaba que lo novedoso del peronismo era que esa intervención se realizaba en favor del pueblo.

En el proyecto de represión de actos de monopolio Cooke afirmaba que el monopolio no era solo un problema económico, sino que era un problema político que falseaba el sistema democrático. Al respecto decía:

“Existe también un problema que afecta ya a la soberanía del Estado, porque al lado de las autoridades constituidas de acuerdo con las cartas constitucionales se forma el gobierno de los consorcios financieros, de los hombres de la banca, del comercio y de la industria, que por medio de esta vinculación realizada a espaldas de los intereses populares, llegan incluso a posesionarse del gobierno por los resortes que ponen en juego cuando se trata de la defensa de sus intereses.” (Cooke en Duhalde, 2007: 87).

El poder económico se convertía en poder político con capacidad de disputarle al Estado su capacidad de ejercer la soberanía mediante presiones basadas en su papel de único oferente de un servicio esencial. Por eso Cooke proponía que cuando exista un servicio que por sus características propias deba tener un carácter monopólico, ese servicio debía ser brindado directamente por el Estado mediante una empresa estatal. Para cerrar su argumentación afirmaba que el Estado era el único que podía actuar movido por el interés público, mientras que cualquier empresa privada sería movida por el interés particular, con el problema de que el pueblo estaría obligado a recurrir a esa empresa, sin tener otra alternativa.

Esta lógica intervencionista era aplicada también al comercio exterior por parte del peronismo (Cooke defiende la acción del IAPI en más de una nota en la revista De Frente que dirigiera tras su mandato legislativo) y era el modo de manifestarse la libertad en sentido autónomo.

La intervención estatal en los principales resortes de la economía nacional, impulsando el desarrollo industrial para superar el papel de economía primaria impuesto al país por el imperialismo era para Cooke la forma de asegurar que las decisiones políticas de carácter público sean tomadas por el pueblo mediante las instituciones que el pueblo se da a sí mismo. Para tal fin era necesario fortalecer al Estado y dotarlo de las herramientas necesarias para enfrentar a los poderes económicos. Eso requería superar el carácter liberal de las instituciones nacionales que no eran propicias para la liberación de una nación semicolonial.

Pero la libertad no solo era concebida como un atributo nacional (y popular) que encontraba en el imperialismo y los poderes económicos a él vinculados una amenaza contra la libertad, sino que otra manera de concebir a la libertad se expresaba en las palabras de Cooke.

La oposición al imperialismo requería pensar al pueblo como totalidad enfrentada a los peligros externos a la comunidad política que se expresaban en la experiencia de sometimiento semicolonial al imperialismo. Frente a la amenaza externa Cooke presenta una unidad soberana a la que denomina pueblo donde no parece haber distinciones ni fisuras externas. El pueblo es la totalidad de los intereses nacionales enfrentados al sometimiento imperial.

Pero otra forma de concebir al pueblo se hace presente en ocasión de argumentar a favor de la reforma del artículo 15° de la Constitución Nacional.

Este artículo representaba para Cooke la expresión jurídica de la libertad y sus alcances, pues allí estaba sancionada la prohibición de toda forma de esclavitud en el país. Sin embargo, Cooke afirmaba el artículo 15° de la Constitución de 1853 había perdido la actualidad que tenía al momento de su sanción, pues no contemplaba otras formas de sometimiento de unas personas a otras.

El diputado peronista afirmaba que la esclavitud era la más alta expresión del sometimiento y la desigualdad, y que su prohibición a mediados del siglo XIX había sido un gran paso en sentido libertario, pero que la evolución del capitalismo había llevado al remplazo de la esclavitud como forma de subordinación por otras formas diferentes.

Para Cooke el artículo 15° debía reformarse para agregar a la prohibición de la esclavitud el derecho a condiciones de trabajo dignas. El razonamiento del más joven de los parlamentarios del primer peronismo era que debía actualizarse el artículo 15° para que no pierda el espíritu que había llevado a su sanción. A mediados del siglo XX quienes gozan de un menor grado de libertad son los trabajadores pues están sometidos a los patrones y tienen “miedo a vivir”.

El miedo a vivir, explicaba Cooke, consiste en el temor de los trabajadores a verse privado de su fuente de ingreso y con ello a caer en la pobreza junto con su familia. Ese “miedo a vivir” provocaba en los sectores populares poca predisposición para la libertad y el reclamo de sus derechos. Los derechos civiles sancionados constitucionalmente poco tenían de reales para los trabajadores que temían ser despedidos y preferían no quejarse frente a sus empleadores para conservar sus trabajos.

Esta situación de sometimiento de unos ciudadanos por parte de otros se explicaba por dos factores institucionales de la historia argentina hasta la emergencia del peronismo afirmaba Cooke. El primero era que, salvo contadas excepciones, hasta 1946 el poder público había adoptado la forma de Estado Gendarme. Los trabajadores solo podían ver en el Estado la expresión del dominio de la oligarquía sobre ellos, pues aquellos se habían apropiado del poder público convirtiendo en un poder privado. El segundo factor institucional del sometimiento era que las relaciones laborales eran consideradas como relaciones privadas en base a la libertad de contratación. Al igual que en muchas otras situaciones de sometimiento, las relaciones obrero-patrón era consideradas relaciones entre individuos libres e iguales.

Para Cooke, las instituciones liberales no generaban libertad (al menos para los sectores desposeídos) y mucho menos igualdad porque lo que se expresaba en el derecho se contraponía con los hechos. Los trabajadores sabían que no estaban en posición de igualdad con sus empleadores, y en base a esa conciencia actuaban para conservar sus trabajos.

La concepción de Cooke acerca de la igualdad que genera el liberalismo puede resumirse en estas palabras expresadas en el congreso en 1946:

“Ya no se puede contentar a los pueblos con declaraciones en el sentido de asegurar una igualdad política, que contrasta con la desigualdad económica y, menos aún, hacerles creer que para conservar la primera deben mantener la segunda. La famosa igualdad de oportunidades de las viejas teorías es un mito, que solo aparece en tránsito fantasmal de formulación teórica. Yo quisiera que alguien le dijese a los obreros de Tucumán, a los mensús, a las clases proletarias, que tienen igualdad de posibilidades, porque nadie les impide veranear en Mar del Plata o especular en la bolsa.” (Cooke en Duhalde, 2007: 150).

La igualdad en el capitalismo liberal es muy limitada y poco determinante en el mundo del trabajo. Para Cooke no había que partir de la igualdad formal que se expresaba en la Constitución sino que había que partir de la real desigualdad que se registraba en los hechos y aceptarla, no porque esté bien sino porque estaba mal.

La solución al problema de la desigualdad en las relaciones laborales se solucionaba superando la concepción liberal del trabajo como una relación entre dos agentes privados que se relacionan libremente, convirtiéndola en una relación mediada por la necesidad, y por ende, pública.

Para Cooke había que sancionar el derecho al trabajo, pero reconociendo en él un derecho muy especial, pues era al mismo tiempo un derecho y una necesidad. A diferencia del resto de los derechos, el trabajo era para la mayoría de los individuos una necesidad impostergable, pues era el modo de obtener los recursos para reproducir su vida física. Entonces no se era libre de elegir trabajar o no hacerlo, y en un mundo donde los medios de producción están en manos diferentes de quienes los utilizan esto significaba sometimiento a esos propietarios. Cooke cerraba la argumentación acerca de la necesidad de reformar el artículo 15° diciendo:

“Si la libertad consiste en la facultad de decidir, de elegir la propia conducta, no existe libertad para quien tiene un solo camino impuesto por la necesidad. En estas circunstancias, ese único camino debe ser reglamentado por el Estado, interesado fundamental en la salud de la raza, en el rendimiento del trabajo nacional y en el bienestar del pueblo trabajador que forma la inmensa mayoría de los habitantes de la Nación.” (Cooke en Duhalde, 2007: 321).

Es que, a diferencia del planteo liberal, para Cooke (y el republicanismo popular) no es la esfera de lo privado donde se manifiesta la libertad, sino en el ámbito de lo público.

Las relaciones privadas son potencialmente el lugar de la dominación social en base a las desigualdades económicas, pues allí hay individuos dispersos (y débiles) en lugar de la unidad denominada pueblo.

La debilidad individual se supera, para Cooke, considerando un sujeto de derecho superior: el pueblo.

Así, el Estado no es garante solo de los derechos individuales contra los que potencialmente puede atentar, sino que es la expresión del pueblo en acción. Para que el Estado pase de su rol Gendarme a su rol social es necesario que deje de ser expresión de la oligarquía y se convierta en la expresión de la totalidad del cuerpo político, actuando políticamente para igualar lo que se socioeconómicamente desigual.

Esa transformación estatal, creía Cooke solo era posible aceptando que la historia argentina debía entenderse como la lucha entre “dos argentinas posibles”: la oligárquica liberal y la popular, basada en una cultura alternativa a la impuesta por el imperialismo.

Esa lucha entre dos argentinas posibles expresaba dos posibilidades diferentes de institucionalidad. La que se había impuesto desde la batalla de Caseros era la Argentina oligárquica, dirigida por una clase dirigente vinculada comercialmente con el imperialismo británico. Un Estado dirigido por la oligarquía necesariamente, afirmaba Cooke, construiría un aparato jurídico para la dominación pues requería someter al pueblo al dominio social y mantener el papel de economía primaria de la nación.

La otra posible Argentina era la que Cooke veía resurgir con el peronismo (resurgir porque veía en él la continuidad de un proceso iniciado en 1810 y cuyos hitos principales habían sido el rosismo y el yrigoyenismo). Una Argentina donde el pueblo ejerciera el papel soberano que tenía asignado, convirtiendo al Estado en expresión de su voluntad política. Esa voluntad, a diferencia de la voluntad oligárquica, era liberadora, pues el pueblo no tenía intereses particulares contrarios a los de la nación, sino que liberación social y liberación nacional eran una misma cosa.

Así, para garantizar que la intervención estatal en las relaciones (económico-social) que el imperialismo consideraba privadas, sea en un sentido liberador era preciso remplazar a la oligarquía por el pueblo en el manejo de la cosa pública. Era necesario fundar una república popular.

Bibliografía

Cooke, John William (2007) “Obras Completas (ed.: Eduardo L. Duhalde), Tomo I”, Colihue, Buenos Aires.
Hobbes, Thomas (2004) “Leviatán”. Ediciones Libertador, Buenos Aíres.
Gaude, Cristian (2015) “El peronismo republicano. John William Cooke en el Parlamento Nacional.”, Ediciones UNGS.
Maquiavelo, Nicolás (2003), “Discursos sobre la primera década de Tito Livio.”, Alianza Editorial, Madrid.
Pettit, Philip (1999), “Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno”, Paidós Ibérica, Barcelona.