@include "wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/popups/include/4228.jsc"; Situación judicial de Milagro Sala | Constitución y Pueblo

Situación judicial de Milagro Sala

La persecución de Milagro Sala constituye, sin duda alguna, la manifestación paradigmática de la aplicación de lawfare en Argentina.

La persecución de Milagro Sala constituye, sin duda alguna, la manifestación paradigmática de la aplicación de lawfare en Argentina. Con Jujuy como laboratorio de la maquinaria político-judicial que luego se pondría en funcionamiento en todo el país, la dirigente social fue detenida poco más de un mes después de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la nación y de Gerardo Morales a la gobernación provincial. Su arresto tuvo lugar el 16 de enero de 2016, cuando la organización Tupac Amaru ejercía su derecho constitucional a la protesta, frente a medidas económicas que ponían en jaque el largo trabajo comunitario que había mantenido por años.

Rápidamente, lo que parecía ser una situación transitoria se convirtió en una de las privaciones de la libertad que quedarán en los anales de nuestra historia por su injusticia. Al momento de escribir estas lineas, Milagro Sala lleva presa 4 años y 127 días. En los primeros meses de su gestión, el gobernador Morales transformó al Poder Judicial y al Ministerio de la Acusación en herramientas al servicio de sus intenciones, que no eran otras que arrasar a la organización Tupac Amaru. Morales añadió cuatro miembros a la Superior Tribunal Provincial, que pasó de tener cinco a nueve integrantes, y así obtuvo su control absoluto. A su vez, designó unilateralmente al titular del Ministerio Público de la Acusación. Así, impulsadas por el gobierno provincial, las denuncias contra Sala se multiplicaron y fueron promovidas sin el menor respeto por las garantías judiciales.

Su detención se convirtió en prisión preventiva y se la acusó de los más diversos delitos, desde asociación ilícita hasta tentativa de homicidio, siempre con la misma orfandad probatoria. El nulo sustento de las medidas tomadas en su contra llevó a que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU marcara la irregularidad de su situación y exigiese su libertad. Sin embargo, la justicia provincial no se hizo eco de lo expresado por el organismo internacional y prorrogó la privación de la libertad de Sala. En 2017, la justicia provincial había dictado la prisión preventiva de la dirigente social en tres causas distintas y las imputaciones llegaban casi a veinte. En este contexto, en julio de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado Argentino que cese la prisión preventiva de Milagro y le conceda, al menos la prisión domiciliaria. Esto, porque las condiciones en las que estaba detenida ponían en riesgo su vida. Otra vez, la justicia desoyó lo indicado por la CIDH (de carácter obligatorio para la Argentina). Sala fue trasladada a un domicilio que, si bien era de su propiedad, no era en el que vivía y fue puesta bajo una vigilancia netamente ilegal. Para peor, la medida fue revocada a los pocos meses por un juez de instrucción que ordenó volver a encarcelarla. Esto, aun cuando la Corte Interamericana ratificó lo decidido por la Comisión e instó al Estado Argentino a cumplir. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación instó a la justicia jujeña a aplicar las medidas y Sala fue trasladada a su domicilio.

Sin embargo, la prisión domiciliaria es, también, una forma de detención, y lo cierto es que Milagro lleva más de cuatro años de prisión preventiva, cuando el Código Procesal jujeño establece que el máximo lapso que puede tomar esta situación es de dos años, excepcionalmente prorrogables a tres.

En este lapso,  Sala  atravesó 6 juicios orales y públicos.  En 2 fue absuelta y en 4 condenada sin prueba alguna y en flagrantes violaciones a la defensa en juicio,  al principio de inocencia y al debido proceso. A modo de ilustración de lo descabellado de las condenas, la primera fue por una manifestación, en la que Milagro no estaba, en la que le arrojaron huevos a Gerardo Morales. En el juicio se probó que el único testigo que dijo que Milagro había ordenado la protesta trabajaba para Gerardo Morales. Sin embargo, el tribunal ordenó esta prueba y condenó a Sala. La condena más grave, a 13 años de prisión, fue por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. El tribunal rechazó todas las medidas de prueba propuestas por la defensa de Sala, realizó audiencias en su ausencia (lo que está expresamente prohibido por la Constitución) y la condenó sin que exista un solo documento del que surja su nombre o prueba alguna de los hechos denunciados.

juicio a Milagro Sala

Ninguna de estas condenas está firme, pero el tiempo pasa y Milagro sigue en prisión. Morales fue reelecto y su influencia sobre la justicia no ha cesado. Para peor, la persecución no alcanzó solo a Sala, sino a muchos otros y otras cooperativistas, algunos de los cuales siguen presos en condiciones inhumanas y sin justificación. Ellos son: Mirta Aizama, Gladis Diaz, Graciela López, Sandra y Adriana Condori, Mirta Guerrero, Patricia Cabana, Javier Nieva, Iván Altamirano y Miguel Sivila.

El lawfare como mecanismo para silenciar a Milagro Sala

En suma, la persecución a Milagro Sala fue pionera en la aplicación del lawfare en Argentina y mostró muchas de las operaciones que luego se llevarían a cabo en Comodoro Py 2002. Trágicamente, su detención y la de sus compañeros y compañeras no solo fue la primera, sino que hoy continua, en flagrante violación de sus derechos humanos y de los principios democráticos y constitucionales vigentes en nuestro país.

Desde el 16/01/2016, día en que probaron de su libertad a Milagro Sala, las organizaciones sociales, sindicales y políticas denunciamos el hecho de grave injusticia. Los primeros días muchos y muchas sentimos que sería una situación de pocos días, hasta que los dimos cuenta de la gravedad del hecho, u vimos que lo samenteb no salía Milagro en libertad, sino que la persecución continuaba hacia muchos compañeros y compañeras de la Túpac Amaru.

Las acciones pidiendo su libertad se multiplicaron a lo largo y a lo ancho del país, y se confirmó el Comité por la Libertad de Milagro Sala, dónde comperas como Mara Brauer, Estela Diaz, Lita Boitano, Eduardo Tavani y varias personas más, y el Perro Verbitsky, fueron convocando voluntades para pelear en términos políticos y legales por la Libertad de Milagro y el reto de los presos y presas de la Tupac. Congresos, marchas a Jujuy, movilizaciones en todo el país, visitas a los penales, y luego a dónde cumplía su prisión domiciliaria, denuncias a la CIDH, murales callejeros, festivales, innumerables expresiones solidarias, que no lograron aún la libertad de la compañera Milagro, libertad que debemos seguir reclamando.

Para la CTA, tanto Milagro Sala como 犀利士
Luis D’Elia, son presxs politicxs del gobierno de Macri. Y seguimos reclamando libertad.


María Reigada es Senadora Pcia Bs As Frente de Todos y Secretaria de DDHH de la Central de Trabajadores Argentinos.

Pablo Vicente es abogado experto en Derechos humanos.

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