Hoy en los juzgados de familia
El sistema judicial necesita herramientas para abordar los conflictos agravados por la pandemia. Los juzgados de familia deben acelerar los procesos burocráticos para asistir a las víctimas.
Estos días de cuarentena nos invita a pensar en estas prácticas profesionales y políticas. Desde la perspectiva de los trabajadores sociales esta práctica apunta a ver donde se encuentra el más débil, donde están los nudos de los conflictos.
Entendemos que atravesamos una difícil situación socio económica. Las crisis económicas repercuten inmediatamente en la trama social y en especial en las familias en condición de vulnerabilidad.
Los juzgados de familia ocupan su atención un 60 por ciento en cuestiones de violencia. En menor medida divorcios, cuestiones de salud mental como internaciones psiquiátricas y determinaciones de la capacidad jurídica, cuidado personal de niños, adopciones y situaciones de abrigo de niños, cuyos padres no están en condiciones de cuidar adecuadamente y deben ser institucionalizados.
Las últimas disposiciones de Suprema Corte de Justicia han prorrogado todas las medidas vigentes sobre todo en cuanto a los casos de violencia. Eso da un aire, pero a la vez congela situaciones que siempre son dinámicas.
El ingreso del poder judicial al sistema familiar no garantiza que las medidas tengan el éxito esperado. Trabajamos con un material muy lábil, que se fragiliza aun mas con la pandemia. Los espacios son reducidos, los recursos económicos se agotan, los niños sin escuela y si poder salir aportan a la olla a presión domestica. El contexto hace que entre el miedo al contagio y el miedo a perder el trabajo constituyan dos fuerzas encontradas.
Según el reportaje realizado a Maia Arenas, la joven que vivió hasta sus 20 años en una villa de la periferia de Bahía Blanca, hablo de dos problemas importantes en la pobreza: la garrafa que se termina, las donaciones que llegan son todas para cocinar. En esta contingencia se reducen los insumos recibidos, pero la garrafa se gasta igual, y reponerla demanda un capital que la gente no tiene.
Como profesionales sentimos una responsabilidad frente a lo que conocemos de cada familia con la que debemos trabajar, en general son denunciantes, que no es acompañada por la estructura judicial. El dispositivo burocrático es mucho más lento que las necesidades de la víctima y su familia. Las medidas posibles son limitadas.
A diferencia de otros departamentos judiciales contamos con la red de Salud mental que funciona una vez por mes en una reunión amplia que se desarrolla en nuestro sindicato (AJB La Matanza). Ese es un espacio de intercambio de información de efectores de diferentes ámbitos. Hace que en muchos casos se agilicen los tiempos institucionales. Para todos los que la integramos es un espacio de salud, de catarsis y de respuesta inmediata. Siempre hay alguien dispuesto para responder. Actualmente estamos realizando una sistematización desde esa práctica tan vital.
Por otra parte, contamos con la red de prevención de la violencia de La Matanza con todos sus centros activos distribuidos en todo el territorio.
Frente a la adversidad, no tenemos más herramientas que la unidad y la creatividad, el trabajo debe fluir para que las personas que han quedado más frágiles cuenten con un Estado que responda. Para eso los profesionales comprometidos con el proyecto nacional debemos ser la herramienta más efectiva.
Los comentarios están cerrados.