Editorial
Un largo debate al interior del Grupo Editorial de Constitución y Pueblo sobre el termino LAWFARE. Si el término en ingles se puede traducir al español, pudiendo conservar el significado que abarcan tales prácticas que intentan presentarse como legítimas y legales.
La traducción de “guerra judicial” pareciera perder ante la aparición de líderes políticos en especial la actual Vicepresidenta de la Argentina Cristina Fernández de Kirchner, describiendo como lawfare como una persecución política. Denunciando al momento de declarar al propio tribunal de complicidad, enumerando las irregularidades procesales, la colaboración de las empresas de los grandes medios de comunicación y los servicios de inteligencia.
En esto consiste el lawfare. Requiere de la utilización de los jueces, la creación de los mega procesos la información que brindan los servicios de inteligencias y la participación de los medios de información. La transmisión en vivo de las detenciones. Por lo cual hay una relación estrecha entre el Poder Judicial y los medios de comunicación.
El despliegue de las herramientas jurídicas, con el propósito de persecución y encarcelamiento de opositores políticos, que al ser acompañado por el relato mediático de los periodistas que brindan la mala información oficial se convierte en una guerra mediática (periodismo de guerra) en tareas de acoso y persecución se hacen públicas. Hoy una gran parte de la población, a pesar de los datos objetivos, piensa que al fiscal Nisman lo asesinaron.
En la década de 1970 y 1080, los Estados Unidos, a través de la CIA y la capacitación de las fuerzas armadas de América Latina, también con la participación estrecha de las empresas de medios de comunicación, implementaron la llamada “Operación Cóndor” un plan de derrocamientos de gobiernos populares y la instalación de las dictaduras que asolaron toda la Región. Con el objetivo de aniquilar no sólo a los gobiernos sino erradicar la ideología “izquierdista”. Con la fuerte influencia de la doctrina de la seguridad nacional.
Hoy se está utilizando el lawfare, guerra jurídica y mediática, para desgastar y voltear a los Gobiernos populares, que se oponen al neoliberalismo en la Región. Caso Honduras, la primera puesta en marcha, siguió Lugo en Paraguay, en ambos casos con la participación de las Cortes para el derrocamiento.
Luego siguieron Ecuador y Bolivia. El caso de Dilma y Lula en Brasil, han sido de una vulgaridad jurídica absoluta. El juez que decide encarcelar a Lula Da Silva luego es el Ministro de Justicia de Bolsonaro.
En la Argentina, si podemos trazar una línea de tiempo durante el gobierno del macrismo y a esto sumarle cronología de hechos de intervención jurídica al estilo “guerra judicial”, podríamos confirmar este plan sistemático donde se colocó parte del Poder Judicial, ha operado en forma en la persecución política para destruir al adversario por esta vía. La Argentina en particular ha sobrepasado ciertos límites y se ha constituido en una nueva Doctrina de Seguridad Nacional.
Como lo describe nuestro columnista Jorge Elbaum, el suicidio del fiscal Nisman desató una trama donde y se hizo visible en una marcha pública, donde el sindicato judicial que conduce Piumato le brindó la cobertura táctica a los Fiscales.
La inmediata detención de Milagros Salas en Jujuy apenas asumió Morales la Gobernación que aún debe resolver la Corte Nacional convirtió al poder judicial en un títere del poder político provincial.
Esto dicho hasta por los propios radicales, el caso Milagros serviría para aplacar las protestas no sólo en la provincia de Jujuy sino para el resto de las protestas que pudieran producir las organizaciones sociales. Es una especie de extorsión social. Donde la sociedad jujeña comenzó a asociar por un lado “miedo” a las protestas y por otro lado la caracterización inhumana que realizaron los medios sobre la persona de la dirigente social. La escritora Sandra Russo comentó que la clase media de Jujuy está convencida que Milagros fue empleada doméstica de Cristina Fernández.
Por otra parte, la llamada “mesa Judicial” que abiertamente el macrismo esgrimió públicamente tuvo los frutos políticos, no sólo en el nombramiento de jueces, sino una intervención directa en el “armado” de causas a través de los servicios de inteligencia.
El traspaso de las escuchas a la Corte suprema generó un retroceso institucional que además posibilitó, la persecución explicita a los adversarios políticos, aunque también a los armados de causas, como así cierta difusión de periodistas a fines al poder económico, conversaciones privadas de diversos dirigentes.
Hay hechos aberrantes como un abuso exacerbado de las prisiones preventivas que coronaron el lawfare a su máxima expresión. El caso del ex vicepresidente Amado Boudou, detenido en su casa, sacado en pijamas, y televisados casi en una cadena nacional. Luego espiado por los servicios de inteligencia en el Penal de Ezeiza. Igual suerte corrió el ex Ministro Julio de Vido.
La causa denominada de “los cuadernos” es un ejemplo burdo, patético, de la máxima expresión del lawfare donde el “cuerpo del delito” son fotocopias que un chofer, militar retirado, refiere que le entrega a un periodista.
Los casos con los que ejemplificar esta realidad son muchos, y algunos de una crueldad no vista en una democracia que se precie de serlo. Inhumano acto por parte de los jueces. De estos podemos destacar la negativa de la justicia argentina a que el ex canciller Héctor Timerman -acusado de “traición a la patria” durante el macrismo- pudiera viajar a EE. UU. a recibir tratamiento médico oncológico
Su Santidad el Papa Francisco condenó en varias ocasiones el llamado lawfare señalando que pone en riesgo a la democracia. Dice Francisco “además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”.
El Papa Francisco señaló que “es curioso que el recurso de los paraísos fiscales, expediente que sirve para esconder cualquier tipo de delitos, no sea percibido como un hecho de corrupción y de criminalidad organizada”.
A la vez que recalca, las imputaciones falsas a dirigentes políticos y sociales. El Pontífice refiere sobre el lawfare dice: “se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados”.
Seguiremos profundizando sobre el lawfare dado que un artículo no puede agotar una temática tan compleja. Todos los días nos sorprende la nueva información que aparece.