@include "wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/popups/include/4228.jsc"; Debates – Constitución y Pueblo https://constitucionypueblo.com.ar Ensayos, narraciones y debates, en el Poder Judicial Wed, 20 Sep 2023 08:32:43 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.7 https://constitucionypueblo.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/cropped-01-favicon-cyp-151020-32x32.png Debates – Constitución y Pueblo https://constitucionypueblo.com.ar 32 32 El enfoque restaurativo: una perspectiva del lado de los derechos humanos https://constitucionypueblo.com.ar/enfoque-restaurativo-derechos-humanos/ https://constitucionypueblo.com.ar/enfoque-restaurativo-derechos-humanos/#respond Mon, 21 Dec 2020 21:20:13 +0000 https://constitucionypueblo.com.ar/?p=495 ¿Somos capaces de pensar en prácticas restaurativas en el fuero penal juvenil de la provincia de Buenos Aires? Panorama en el departamento judicial de San Martín.]]>

Por las Licenciadas Mariana Angriman, Luz Barassi, Luz Bruno, Sonia Daulte, Claudia Echeverría, Carolina Gross y María Rosa Penen.

Desde el equipo de profesionales del Cuerpo Técnico Auxiliar del fuero de Responsabilidad Penal juvenil de San Martín, tenemos algunas preguntas y también algunas certezas. El equipo constituido por trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatra y pediatras, está preparado, abierto al enfoque restaurativo, paradigma que busca ofrecer respuestas humanizadas frente al conflicto que deviene en la apertura de causas judiciales, buscando poner en el centro de la práctica a sus protagonistas: el adolescente imputado, la víctima y la comunidad.

A pesar de lo mucho que hablamos en los últimos tiempos acerca del enfoque restaurativo, la realidad nos muestra otra cosa: el punitivismo se ha impuesto y los derechos humanos han sido olvidados.

En el caso de este Cuerpo Técnico, existe la iniciativa de varias de sus integrantes que junto a otros operadores del fuero se han formado en el enfoque restaurativo y supervisan su práctica con algunos de los más reconocidos referentes en justicia restaurativa, llevando adelante experiencias que se sostienen desde hace ocho años con resultados positivos. Pero es una iniciativa aislada. La justicia restaurativa no tiene casi lugar en el fuero penal juvenil de San Martín, aún con un equipo preparado, aún con prácticas que lo avalan, aún cuando la letra de la ley penal juvenil auspicie dichas prácticas.

Como no todo es igual, lo primero que debemos decir es que el fuero cuenta entre sus filas, con algunos pocos jueces y funcionarios que trabajan desde una perspectiva que va de la mano con los derechos humanos, dando respuestas que consideran activamente la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad, de morigeración de penas y del desarrollo de experiencias restaurativas. Son profesionales que trabajan pensando en la singularidad, con una mirada abierta, con una profunda convicción hacia la posibilidad de cambio en los adolescentes y sus familias. Y por eso instauran espacios donde sus voces pueden ser escuchadas, donde hay lugar para la reflexión, la interpelación y la interdisciplina, incluyendo a los protagonistas del proceso. Este enfoque reinventa día a día la pasión y el deseo por trabajar pensando en los adolescentes sin burocracias mortíferas y ello, no es poca cosa. Pero también es cierto que en este departamento judicial, lamentablemente, estos jueces y funcionarios conforman una minoría.

El enfoque restaurativo en San Martín

Esta diferenciación de actores, de miradas y perspectivas, es la que define en gran parte el escenario donde se desplegará el derrotero de cada adolescente que ingrese al sistema penal: dependerá de quién es su juez, quién su fiscal, quién su defensor: deberá lidiar con ello aún antes de que el sistema se encargue de condenarlo. De quien le toque dependerá, la comprensión de sus problemáticas y necesidades y las respuestas que el sistema le ofrezca a través de sus operadores: de ello derivará un pedido de pena en expectativa, el cumplimiento efectivo o no de la totalidad de la pena, el acceso o no a una morigeración, la posibilidad de una salida o no, la restitución de derecho vulnerado y hasta la elección del lugar de encierro, así como también la permanencia en un determinado instituto o el pasaje a una unidad del servicio penitenciario. Estas, son relevantes cuestiones que definirán su presente y su futuro por algunos años. Así, deberá transitar y resignificar la modalidad que encarnará el sistema sobre su persona, guardar un sentimiento de esperanza o de resignación de acuerdo al juez que le haya tocado en suerte y hacer del tránsito por el proceso penal juvenil, una experiencia valiosa, y si lo logra, alcanzar, en el mejor de los casos, la tan buscada y ansiada reinserción social.

Lo me犀利士
ncionado hasta aquí es parte medular del sistema y fundamentalmente de la vida de los adolescentes, porque debemos señalar que el promedio de prisionalización en San Martín es alto: hablamos de un promedio de penas en expectativa de más de 3 años para delitos contra la propiedad pero que pueden superar los 5, muchas de ellas de cumplimiento efectivo, penas de entre 15, 17 y hasta 20 años por delitos contra la integridad de las personas. Penas a las que se llega a través de juicios abreviados, otro contrasentido de nuestro sistema, juicios abreviados que terminan evitando, según el decir de muchos defensores, que las condenas sean más gravosas. ¿Hacer un juicio abreviado para evitar un mal mayor? Algo nos dice que estamos mal, ¿no?

La triste realidad es la que hoy enunciamos: ni los jóvenes ni el equipo, cuentan con el aval de buena parte de sus magistrados y funcionarios que, paradójicamente, hoy nos invitan a hablar de justicia restaurativa. Estar en esta mesa, es estar, para decirlo, para exclamar nuestra derrota, la de las niñas, niños, y adolescentes; la de sus madres, sus padres, sus hermanos, sus amigos, la de sus escuelas, la de sus barrios, incluso la de sus víctimas, a las que también se les niega ese espacio apto para el resarcimiento.

Hablemos de prácticas restaurativas y hablemos de los motivos que hacen que en San Martín las prácticas restaurativas no se habiliten. Hablemos de las prácticas que SI se ejercen día a día, y que no tienen nada que ver, ni con la práctica restaurativa ni con los derechos especiales que motivan la existencia del fuero. Hablemos de esta disonancia: para que algo pueda ser dicho, para que algo pueda ser oído.

El enfoque restaurativo como concepción humana

¿Por qué no se habilitan las prácticas restaurativas con nuestros jóvenes? Creemos saberlo. Se trata de la forma de pensar a los adolescentes que ingresan al sistema judicial, de las concepciones que habitan a buena parte de los magistrados y funcionarios. Del evidente rechazo que sienten, no a las prácticas restaurativas, sino a la concepción humana que sostiene dichas prácticas. Porque antes de la práctica restaurativa, está la disposición de los abogados con altos cargos, con potestad de intervenir sobre la vida de estos adolescentes: ese es su poder; poder de dañar o poder de restaurar el profundo desencuentro entre estos dos mundos, aquí, en San Martín.

Lo que escuchamos día a día, de nuestros adolescentes presos, es dolor, resignación y desconfianza. Los adolescentes perciben que para muchos, no es posible la restauración del lazo social a partir de la palabra.

Funcionarios del sistema, por el contrario, creen, si, en que es posible y efectivo castigar. Y castigan: castigan con la dureza de las penas, cuando inhabilitan la palabra, cuando no otorgan confianza, cuando niegan derechos. El castigo en su potencia dañina emerge cuando un juez no permite que un adolescente concurra al entierro de su madre, de su abuela, de un hermano. Jueces castigan cuando no permiten que un adolescente con una enfermedad terminal, muera en su hogar al lado de sus seres queridos, o cuando castigan a futuro, de manera irremediable, o cuando se niega a un adolescente el derecho de participar en el nacimiento de su hij@, a ejercer la paternidad de su bebé. Castigan, cuando luego de dos años de hacer la tristemente llamada “conducta”, dos años o más, con evaluaciones interdisciplinarias positivas, emitidas por los institutos y refrendadas por el equipo de peritos, siguen diciendo no, a una salida extramuros.

Se castiga cuando determinan que malas prácticas en salud física y psicológica, malas prácticas educativas, malas prácticas formativas y lúdicas, sirven para justificar el encierro, a la espera de una “reflexión” que no se promueve sino que se impone. Castigan cuando dejan detenidos a adolescentes inimputables, es decir, de catorce o quince años, involucrados por primera vez en conflictos de escasa importancia, que cuentan con sostén familiar y con recursos comunitarios para llevar adelante cualquier medida que se imponga en libertad.

El corpus jurídico junto a la especialidad nos señala que la privación de la libertad es el último recurso, sin embargo, en San Martín, para algunos funcionarios, pareciera que es el primero o el único, no sabemos si por falta de convicción o creatividad, por incomprensión de lo que es ser adolescente, sobre todo si se es adolescente y pobre o simple y llanamente, por adherir a un paradigma retributivo, alineado a una mirada y un modelo de justicia que se aplica al mundo adulto y que también cuestionamos. Un concepto retributivo que indica que se debe pagar por lo que se hizo y que se debe pagar con la pérdida de la libertad: libertad, aquello que constituye uno de los emblemas que porta la juventud, privación de la libertad como forma de castigo privilegiada.

Una concepción que descree de estos chicos y sus familias, de sus capacidades y potencialidades, ya que, aunque ellos reflexionen y se responsabilicen, es posible que sigan detenidos porque siempre les falta, porque siempre están en falta y por eso, deben seguir privados de la libertad.

Frente a jóvenes que pasan demasiados días en situación de encierro, no escuchamos reclamos formales frente a incontables “faltas de cupo” para el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, o frente a requerimientos de dispositivos terapéuticos considerados esenciales para la salud psíquica del adolescente, que nunca llegan, o que son tan limitados que resultan en un sinsentido, y que luego, al momento del tan mentado art 4to, serán valorados negativamente, invirtiendo la carga de responsabilidad en detrimento, siempre, del adolescente.

EL retroceso punitivo

Hemos fracasado: a más de diez años de la creación del fuero penal, los derechos humanos retroceden, las condenas aumentan, la discrecionalidad arrasa, lo punitivo avanza. De la mirada integral, propiciada por la interdisciplina, encarnada por este equipo que hoy les habla, basamento de la especialidad del fuero y del enfoque restaurativo, es descalificada en audiencias en las que fiscales y jueces dan respuestas que, de antemano parecieran decididas, negando una mirada más compleja que es la que puede aportar, justamente nuestro equipo. Todo se resuelve de manera reverberante entre abogados, que parecen no tener en cuenta los informes técnicos realizados luego de evaluaciones y a partir de contactos estrechos y muchas veces profundos con los adolescentes y sus familias. Los informes son utilizados para sus argumentos, desglosados de sus sentidos integrales, o directamente desechados en sus recomendaciones y sugerencias. Lo escrito por los integrantes del equipo no vibra en la lectura de los fiscales ni de los jueces. Es tomado en todo caso, bajo formas parcializadas, reducidas, llevado a la práctica de los abogados con un reduccionismo avasallante de otros saberes en los que tampoco parecen creer. No sorprende, entonces, a este equipo, que no aparecen preguntas escritas ni en formas dialogales que demanden algún tipo de aclaración o ampliación, como sí sucede en otros fueros. La práctica cotidiana del derecho penal juvenil, carece de interrogantes, desde el derecho, hacia las otras disciplinas.

Quizás sea tiempo de reconocer, que el sistema así llevado por quienes tienen la facultad de dirigirlo, no conduce a la responsabilización del adolescente por sus actos dañosos. Conduce a un cumplimiento estricto, protocolar, automático, del castigo, al arrasamiento de su subjetividad y con ello al fracaso del fuero.

Un fuero que, a diferencia de los otros, más joven, menos prestigiado, menos habitado de casos, tiene la maravillosa y única característica que lo define: trabajar para personas que están gestando su personalidad, que se están cimentando en experiencias, convicciones y valores. Son pe犀利士
rsonas, los adolescentes, que necesitan ser escuchadas, Que intentan sonreír, disculparse, que tienen sueños, que no se olvidan de nada, que guardan esperanzas, que tienen fe, que no están acabados por el sistema y que tienen oportunidad de no caer nuevamente, si se cree en ellos y se los ayuda.

Nuestra respuesta, entonces, a la inicial pregunta acerca de si son posibles las prácticas restaurativas en el fuero penal juvenil de San Martín es:

Cuando se diga No a una medida restaurativa, No una morigeración de pena, No a un permiso de salida, No a un egreso, se piense en qué calidad de ciudadano se está promoviendo. Sería honesto admitir que el sistema penal juvenil encarnado en funcionarios y magistrados, incluyendo a los camaristas, no está trabajando para la reinserción de los adolescentes en consonancia con la finalidad del fuero.

Los verdaderos protagonistas, incluso algunas víctimas, y muchos de nosotros creemos en las prácticas restaurativas y en un derecho sensible a los adolescentes y sus necesidades, por lo que sería bueno encontrarnos para conversar y restaurar primero, los desencuentros que nos habitan e intentar construir un proyecto común que nos permita hablar y pensar en estos pibes con la misma preocupación, esfuerzo y pasión, que le dedicaríamos si se trataran de nuestros propios hijos, sobrinos, nietos, ahijados, a quienes seguramente cada uno de los que estamos aquí presentes, nos surge el deseo de amar, proteger, orientar, sostener y liberar de cualquier tipo de violencia evitable a la que pudieran estar sometidos.

Aquí estamos, entonces, con ese deseo y esas ganas de trabajar desde el fuero, para ellos y ellas, nuestros niños, niñas y adolescentes de San Martín, sus familias, y su comunidad, nosotras y nosotros. Tod@s.

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Un sueño judicial https://constitucionypueblo.com.ar/un-sueno-judicial-eugenio-zaffaroni/ https://constitucionypueblo.com.ar/un-sueno-judicial-eugenio-zaffaroni/#respond Sat, 12 Dec 2020 18:58:09 +0000 https://constitucionypueblo.com.ar/?p=394 Un sueño judicial - Constitución y puebloMuchas veces se pregunta qué modelo de poder judicial sería ideal para nuestro país. Si bien no hay nada perfecto en este mundo, tampoco debe haber algo tan imperfecto como lo nuestro. Eugenio Zaffaroni se permite tener el derecho sagrado de todo ciudadano a soñar con un poder judicial más racional.]]> Un sueño judicial - Constitución y pueblo

Muchas veces se pregunta qué modelo de poder judicial sería ideal para nuestro país. Si bien no hay nada perfecto en este mundo, tampoco debe haber algo tan imperfecto como lo nuestro, donde tres personas pueden detener la aplicación de cualquier ley, paralizar cualquier acción de gobierno, revisar cualquier sentencia de cualquier materia y, donde, además, no tenemos estándares jurisprudenciales válidos para todo el país.

Si uno de los criterios para evaluar el grado de eficacia de las instituciones es la comparación con otras naciones, en verdad, es difícil hallar en el mundo una estructura judicial con similar grado de debilidad institucional.

No pretendo ser dueño de la verdad, pero tengo el sagrado derecho de todo ciudadano a soñar. No sé cuándo, cómo, en qué contexto social y político, pero un día llegará en que reformemos nuestra Constitución y proyectemos un poder judicial más racional.

Me gustan los tribunales constitucionales europeos, como Italia, Alemania, Austria, España, Suiza, etc. Están fuera del poder judicial, son nominados en forma cruzada (por ejemplo, senado, gobernadores, jueces, diputados), no tienen mandatos vitalicios sino limitados (8 o 10 años) y se renuevan por partes, de modo que nunca lo hace en totalidad. Ejercen la justicia electoral y resuelven los conflictos de poderes (nuestra CN no dice quién los resuelve).

Pueden declarar inconstitucional una ley y ésta pierde vigencia, erga omnes, o bien, en caso no extremo, pronunciar una sentencia interpretativa, indicando que la ley no es inconstitucional si se la entiende en cierta forma.

Hoy cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley, eso sigue todas las instancias y llega después de años a la Corte y si ésta lo confirma, el único efecto es que no se aplica a ese caso, pero la ley queda vigente y los jueces pueden seguir la considerándola constitucional, porque tampoco tenemos la jurisprudencia obligatoria norteamericana, y la propia Corte puede cambiar de criterio cuando quiera. Este es nuestro frágil control de constitucionalidad.

También imagino un poder judicial que se componga de jueces entre los que no haya jerarquías, sino sólo  diferencias de competencia: este poder no debe ser una corporación parecida a una sociedad anónima. Es tan absurdo tener un poder judicial verticalizado como tener un ejército horizontalizado.

Imagino jueces elegidos por estricto concurso, en los que, entre los antecedentes se otorgue puntaje p犀利士 or la actividad social desarrollada por el candidato, demostrativa de su compromiso y conocimiento de los problemas sociales. El futuro estado solidario que necesitamos deberá acentuar la fraternidad. No es posible exigir que se hagan cargo de los problemas de grave desigualdad de nuestra sociedad quienes los desconozcan.

La última instancia judicial la imagino con un tribunal de casación que unifique jurisprudencia, porque hoy tenemos códigos de fondo únicos, con una interpretación diferente por provincia, otra por la CABA y otra federal. En síntesis: cada uno puede decidir como le da la gana: una conducta puede ser un delito aquí y merecer un premio pasando un puesto policial.

El gobierno del poder judicial debiera ejercerlo un Consejo de la Magistratura, quizá con un plenario y una mesa reducida, con participación de jueces, consejeros nombrados por las Cámaras del Congreso, algunos electos por voto popular, empleados judiciales y académicos. Los abogados tendrían que estar representados en la medida en que tuviesen interés, porque hasta ahora vota una minoría muy reducida del padr犀利士 ón.

Es obvio –como dije- que esto no pasa de ser un sueño, cuyos detalles un día se discutirán, podrán modificarse, seguirse otros criterios, pero deberán discutirse. El problema es creer que todo está bien, cuando todo funciona mal y no desde ahora. Seamos sinceros porque, aunque no quiero abundar con la historia, la verdad es que siempre funcionó mal, sólo que algunas veces peor.

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¿Peronismo feminista? ¿feminismo peronista? ¿una alianza posible? https://constitucionypueblo.com.ar/peronismo-una-alianza-posible/ https://constitucionypueblo.com.ar/peronismo-una-alianza-posible/#respond Thu, 15 Oct 2020 22:40:08 +0000 https://constitucionypueblo.com.ar/?p=285 Peronismo feministaDurante muchos años la alianza entre feminismo y peronismo pareció una cosa lejana e inalcanzable ya que las ideas que tenían unos de otros eran fuertemente opuestas. El primero se encontraba asociado a la izquierda de este país y a prejuicios de época tales como que las feministas eran solteronas, lesbianas, de clase alta, y […]]]> Peronismo feminista

Durante muchos años la alianza entre feminismo y peronismo pareció una cosa lejana e inalcanzable ya que las ideas que tenían unos de otros eran fuertemente opuestas. El primero se encontraba asociado a la izquierda de este país y a prejuicios de época tales como que las feministas eran solteronas, lesbianas, de clase alta, y opositoras en todos los casos al movimiento nacional y popular. El peronismo, por otro lado, había construido su movimiento alrededor de una estructura patriarcal y verticalista similar a la de la iglesia y el ejército.

A pesar de esta situación ambos movimientos han confluido en determinados momentos hasta incluso hoy poder hablar de un peronismo feminista. Estas confluencias han tenido que ver con la capacidad de llegar al gobierno del peronismo y la forma en la que ha canalizado demandas de diversos sectores convirtiéndolas en derechos. En el caso que nos convoca en particular el hito más importante ha sido el voto femenino, resultado de largas luchas de las feministas sufragistas pero que no hubiese tenido posibilidad de no contar con el apoyo explícito de Evita y la campaña que Ella hizo en su favor. Esa campaña fue tan importante que muchos han invisibilizado la participación y lucha feminista previa para alcanzar este derecho.

Avanzando más en la historia de nuestro país, nos encontramos en la coyuntura con estos dos movimientos trabajando conjuntamente, pero incorporando otros componentes que permiten divisar como se ira configurando el panorama actual. Ha comenzado un camino más acentuado de confluencias que van desde el matrimonio igualitario hasta el debate de la legalización del aborto, atravesando la posibilidad de cambiar de identidad en el DNI, la regulación del trabajo doméstico y la jubilación de amas de casa, todas las medidas asociadas a prevenir y atacar la violencia de género, la ley de paridad de género, anticonceptivos gratuitos, la ley de Educación Sexual Integral, la creación del ministerio de la mujer y diversidad, etc.

Dentro de este camino se han producido hitos históricos que han sido imposibles de acallar. El “NiUnaMenos” ha invadido calles y redes sociales y las mujeres, peronistas o no, han unido su voz en una demanda concreta: Ni una Mujer Menos, no a la violencia de género. Este movimiento feminista dejo en evidencia que determinadas necesidades ya no serían acalladas y, a través de ese espacio, nuevas demandas podían adquirir visibilidad.

Otro hito han sido los Encuentros Nacionales de Mujeres, cuya composición fue cambiando a lo largo de los años pero que, cada vez más, ha incorporado mujeres peronistas y la idea de un posible “feminismo nacional” y ha permitido el dialogo con respecto a ciertos temas de género, de forma políticamente transversal, y construyendo nuevos consensos. En este proceso, se han generado variadas formas de integración y debate; muchas veces ha sido necesario romper con prejuicios de todas las partes, presentes a lo largo de toda la historia de los Encuentros incluso de los más recientes.

Feminismo peronista

Otros impulsos para seguir en el camino de la confluencia tuvieron que ver con personajes importantes de nuestro actual devenir histórico y de la militancia peronista, que comenzaron a adherir a ideas feministas como fue el caso de Hebe, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien habiéndose pronunciado hace años contra el feminismo en el último tiempo ha hecho declaraciones a favor de las movilizaciones de mujeres. La presidenta de Abuelas se autodefinió feminista y hablo de la unidad que producía el hecho de que fueran mujeres las que conformaban el movimiento. Inversamente muchas feministas se han sumado a luchas como las de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Un hito ha sido Alicia Moreau quien ya muy anciana acompañaba las rondas en la Plaza de Mayo.

Y en este camino llegamos al tema de más auge en los últimos años para el feminismo: la legalización del aborto. Si bien desde la primera comisión de trabajo (1988) hasta la actualidad han pasado 32 años, este proyecto de ley a alcanzado consenso y ha movilizado grandes masas en los últimos años como resultado de la masificación y la organización del movimiento feminista. Ya en sus orígenes la comisión había planteado el lema que hoy invade los pañuelos y que abarca lo complejo de la temática: “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Hacer una cronología de este debate seria largo y tedioso, más resulta interesante pensar a partir de lo que emerge a simple vista: una gran convocatoria y organización que hace evidente la necesidad de pensar el tema y de legislarlo. A la vez, la magnitud que ha cobrado plantea la imposibilidad de hacer oídos sordos a esta demanda.

Por otro lado, los cambios de postura que esa emergencia produce, se pueden visualizar en el discurso de Cristina Fernández en el Congreso en la última votación de la ley. En estas cuestiones aparece lo que nos importa: la visibilización de la confluencia de peronismo y feminismo.

En cuanto a la masificación y organización nos encontramos que las banderas peronistas son cada vez más y más visibles en las manifestaciones. Los sectores peronistas de mujeres que se acoplan a la lucha ya no lo hacen de forma divergente sino integrada y han dado visibilidad a la demanda de una ley que lleva años en el temario del Congreso. Esto se debe en parte a que el feminismo se ha propagado, se ha inmiscuido y se ha hecho parte de muchas organizaciones que antes lo tenían excluido como los sindicatos, las ONGs, las distintas agrupaciones peronistas, etc. Incluso hoy las asesoras y la ministra de Mujer, Género y Diversidad se autodefinen como feministas y lucen el pañuelo verde en sus manos.

Para cerrar deje el mencionado discurso de Cristina Fernández quien, a pesar de no ser la única legisladora que apoyó la ley en el bloque, por su figura política, de mujer, de dirigente y de peronista y su discurso contundente ha marcado un nuevo hito en la historia del peronismo y, por qué no, del debate de una ley arraigada al feminismo, Un discurso que saldo un debate histórico al interior del peronismo sobre si debía ser un movimiento feminista o no.

En ese discurso se pueden escuchar palabras propias del feminismo como “patriarcado”, “colectivo femenino”, “deconstrucción”, “militante feminista”, “cuestión feminista”, “cuestión de género”, “sociedad machista”. Pone en juego, además, la trayectoria de militante peronista que ella transito junto con toda una generación. En Ella se encarnan esos pensamientos, que en sus orígenes parecían dicotómicos o alejados, que confluyen en un discurso que marcara nuevos rumbos para el peronismo: “desde mi propio movimiento político vamos a tener que incorporar la cuestión feminista. A lo Nacional y Popular, que caracterizo al peronismo durante décadas (…) vamos a tener que incorporarle nacional, popular, democrático y feminista, porque dentro de la explotación  de los trabajadores, del capital sobre el trabajo, hay también una  subcategoría de explotación. Un trabajador es explotado pero una mujer trabajadora es más explotada  porque gana menos y trabaja más…”

Nos repreguntamos: ¿PERONISMO FEMINISTA? ¿FEMINISMO PERONISTA? ¿UNA ALIANZA POSIBLE? Las respuestas a esas preguntas están aún en construcción y varían dependiendo a quien se pregunte. Lo que es posible afirmar es que hay un cambio de paradigma en la sociedad toda y en ambos movimientos a partir de su interacción. La construcción de un “feminismo nacional” y un “peronismo feminista” emergen como una cuestión urgente. Los desafíos estarán por un lado, en torno a deconstruir el propio movimiento peronista, de manera tal que mujeres y minorías y sus demandas tengan cada vez más relevancia y, por otro lado, en incorporar al feminismo experiencias de organización que permitan el acceso al poder y la cristalización de las demandas de sus derechos.

No todo el peronismo es ni será feminista, como no lo será la sociedad en su conjunto e inversamente no todo el feminismo querrá quedar asociado al peronismo, pero esa interacción logró y logrará cada vez más derechos para las mujeres, las minorías y, en fin, para la sociedad en su conjunto. Esa es una convicción que cada vez más militantes tenemos.

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Teletrabajo y Sindicalismo en la Justicia Nacional https://constitucionypueblo.com.ar/teletrabajo-en-la-justicia-nacional/ https://constitucionypueblo.com.ar/teletrabajo-en-la-justicia-nacional/#respond Wed, 14 Oct 2020 10:15:46 +0000 https://constitucionypueblo.com.ar/?p=305 teletrabajoDesde que empezó la cuarentena en los juzgados civiles (patrimoniales y especialmente los de familia) se empezó a habilitar vía remota el trámite de los expedientes que no admiten demora. Con la consecuente extensión de la cuarentena los jueces (con el masivo acompañamiento de los trabajadores, que no contamos con ningún tipo de capacitación previa […]]]> teletrabajo

Desde que empezó la cuarentena en los juzgados civiles (patrimoniales y especialmente los de familia) se empezó a habilitar vía remota el trámite de los expedientes que no admiten demora. Con la consecuente extensión de la cuarentena los jueces (con el masivo acompañamiento de los trabajadores, que no contamos con ningún tipo de capacitación previa o suministro de herramientas de trabajo) fueron ampliando la cantidad de objetos procesales a los que se le da tramite, llegando al 20 de mayo prácticamente despachando vía remota todos los escritos y presentaciones que se hacen de forma digital (sea por el Lex-100, vía mail o muchas veces mediante nuevas formas digitales como redes sociales). Es importante remarcar esto por cierta presión que desde determinadas usinas de poder se hace a fin de atacar tanto a los trabajadores judiciales (pidiendo que se nos recorte el sueldo o que directamente no se nos pague) como de mentir descaradamente diciendo que la justicia hoy día esta parada.

Derechos laborales frente a la emergencia

Desde el comienzo de la cuarentena los delegados de la Comisión Interna del Fuero Civil (Lista Violeta- UEJN) hemos recibido mensajes de empleados/as que nos preguntaban acerca de determinadas prácticas persecutorias que empezaban a notar y es importante enumerar las más comunes. 1) Magistrados y funcionarios que entendían que el trabajo remoto era de 24 hs. full time (por fuera del horario establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 9.30 a 13.30) y mandaban mensajes avisando de escritos digitales para despachar a cualquier horario. 2) Pedirles a empleados que concurrieran a la sede del edificio a buscar expedientes papel a fin de despachar con mayores datos. 3) Pedirles a empleados que no cuentan con PC o con wifi, que de su bolsillo compraran o pagaran el servicio. Pudimos enfrentar este tipo de cuestiones mayormente empoderando al empleado/a, y en otras ocasiones pudimos solucionarlo hablando con las autoridades respectivas, teniendo solamente un caso donde tuvimos que recurrir a una acción de hecho. Como acción propositiva –y de colaboración- solicitamos al Consejo de la Magistratura de la Nación arbitre provisión de notebooks para aquellos empleados que no cuentan con el debido equipamiento en sus hogares.

Desafíos

Desde que arrancó esta emergencia nos planteamos, aquellos que militamos en la Justicia, como mantener la presencia gremial, el contacto diario –que hoy se encuentra interrumpido- y la referencia sindical de representación ante las directivas que emanan de las autoridades de los 110 juzgados, 13 salas y las oficinas generales. Por eso; desde nuestro lugar hoy día nos encontramos más que nunca reforzando la importancia del delegado de unidad laboral (por la atomización de criterios que se da en cada juzgado y la necesidad de entender cada situación), de utilizar las nuevas herramientas de comunicación (Jetsi meet, Zoom, etc.) como forma de mantener la comunicación y sobre todo la concientización de que esta situación de emergencia no puso los derechos de los judiciales “en comisión”, sino; que más que nunca tienen que ser refrendados; y avanzar a fin de lograr una correcta regulación de los mismos en esta nueva situación de emergencia.


Facundo Masovetzky es Delegado General de la Comisión Interna del Fuero Civil (Lista Violeta- UEJN)

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Ley de Riesgos del Trabajo https://constitucionypueblo.com.ar/sobre-la-ley-de-art/ https://constitucionypueblo.com.ar/sobre-la-ley-de-art/#respond Wed, 07 Oct 2020 14:18:21 +0000 https://constitucionypueblo.com.ar/?p=255 Sobre la ley de ARTBreve análisis de la ley 14997 y del art 2 inc j de la ley 15.057.]]> Sobre la ley de ART

Por Susana Irigoin y Arturo Galvan

Antes de tratar el tema de ley provincial 14997 de adhesión a la ley nacional de riesgos del trabajo 27348, me referiré a las anteriores leyes nacionales que regularon los accidentes de trabajo y en las que el Estado Nacional invitó a las provincias a adherir a las mismas.

En primer lugar la ley 24028 (B.O. 14-11-91) establecía que todo trabajador que reclame reparación integral por accidentes de trabajo en base al derecho común regulado por los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, debía hacer el reclamo en el fuero civil, y no el fuero laboral (que es el fuero natural para cuestiones de trabajo). La Provincia de Buenos Aires no adhirió a la invitación de adhesión formulada en dicha ley por el Gobierno Nacional.

El segundo caso fue el de la ley 24557 (B.O. 13-9-1995) conocida como Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). Esta norma establecía la creación de Comisiones Médicas a las que se les otorgaba jurisdicción para emitir dictámenes sobre el grado de incapacidad del trabajador siniestrado. Si éste decidía impugnarlo debía hacerlo ante los juzgados federales, privando de esta forma al trabajador del acceso al juez natural (juez del trabajo). El Gobierno nacional de turno también invitó mediante dicha ley a las provincias a adherir al procedimiento de las comisiones médicas. Sin embargo, en este caso la provincia de Buenos Aires tampoco prestó su adhesión.

Luego de estos dos precedentes, apareció un nuevo intento con la modificación de la LRT a través de la ley 27348 (B.O. 5-3-17). Esta normativa establece que se debe efectuar de manera obligatoria el trámite administrativo ante las Comisiones Médicas previo al reclamo judicial. Las Comisiones Médicas son órganos que emiten dictámenes administrativos en casos de siniestros o enfermedades profesionales. Sus integrantes perciben sus salarios de los aportes efectuados por las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo). Las ART deberían otorgar prevención y asesoramiento a los fines de evitar siniestros en el ámbito del trabajo, brindar servicios de salud para supuestos de enfermedades o accidentes de trabajo e indemnizar al trabajador que sufra algún grado de incapacidad. Los médicos que dictaminan respecto de la incapacidad laboral en definitiva son empleados de las ART por lo cual es evidente que no son imparciales sus resoluciones. Las mismas generalmente otorgan el alta médica con 0 % como grado de incapacidad, o retacean el grado real por lo cual el trabajador se ve obligado a reclamar judicialmente. El trámite administrativo dilata el inicio de la acción judicial a la que tiene derecho el trabajador, obstaculizando su acceso a la justicia, demorando el pago de las indemnizaciones correspondientes, y asimismo colocando a las ART en una mejor posición para negociar ante una conciliación dado el犀利士
estado de necesidad del trabajador o sus derechohabientes. Ante el paso del tiempo el trabajador muchas veces se ve obligado a conformarse con montos menores a los que le corresponde. Queda claro que la finalidad real de las ART es el lucro y no la salud.

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La Provincia de Buenos Aires adhirió a la invitación formulada por el Gobierno Nacional por medio del dictado de la ley provincial 14997 (B.O. 8-1-18), la cual es violatoria de los arts. 5, 75. inc. 2 y 12, y 121 de la Constitución Nacional, del art 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del arts. 15 y 39 inc. 3 de la Pcia. de Buenos Aires.

Esta adhesión hace entrar en vigencia a ley 27348 que establece normas de procedimiento que sólo pueden ser dictadas por el Estado provincial, y no por la Nación, toda vez que éstas se encuentran dentro de las facultades no delegadas por las provincias al Estado Nacional.

La adhesión puede ser considerada como la firma de un cheque en blanco, ya que se realizó de forma lisa y llana mediante la siguiente fórmula: “adhiérase a la ley 27348”. Esto implica que nuevas modificaciones que puedan llegar a introducirse a la ley 27348 no necesitarían una nueva adhesión sino que se incorporarían directamente al procedimiento dentro de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que lo lógico hubiera sido la adhesión mediante la transcripción de los artículos específicos de la ley a la que se refiere.

Afortunadamente esta adhesión fue declarada inconstitucional en reiterados fallos por numerosos tribunales de trabajo de nuestra provincia.

Ante las reiteradas declaraciones judiciales de inconstitucionalidad de esta norma, las corporaciones con la complicidad del gobierno de Cambiemos, los legisladores de su bancada más algunos del Frente para la Victoria (alegando presiones a los intendentes) y de un sector importante del Colegio de Abogados logran la sanción de la ley 15057 (nueva ley de procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires).

La ley 15057 transforma los tribunales de trabajo en juzgados, e introduce entre gallos y medianoche el inciso J al Art 2 del texto de la ley. Este inciso manda a los trabajadores siniestrados en ocasión del trabajo, que sufran un accidente in itinere o que padezcan alguna enfermedad profesional, a los fines de tener expedita la vía judicial, a transitar de forma previa y obligatoria la sede administrativa. El trabajador accede al andarivel judicial sólo mediante una apelación de la resolución administrativa, lo que implica que el recurso ante sede judicial se limita a lo discutido en la sede administrativa. En general se acota el reclamo judicial exclusivamente a la incapacidad física, no incluyendo en la mayoría de los casos la incapacidad psicológica, dependiendo de la habilidad del abogado de poder introducirla por medio de un reclamo escrito que quede como parte integrante del expediente administrativo. Muchos jueces no permiten en sede judicial ampliar el reclamo por parte del trabajador o tratar incapacidades que no fueron ventiladas en sede administrativa. En la denuncia administrativa que debe efectuar el trabajador siniestrado en forma personal o mediante su empleador deben describirse las circunstancias en las que se produjo el accidente y las dolencias sufridas; sin embargo hay dolencias como las psicológicas que en ese momento no se manifiestan aún.

Otra cuestión que introduce el Art. 2 inc. j de la ley 15057 es el plazo de 90 días hábiles para interponer en sede judicial el recurso a la resolución administrativa, bajo pena de caducidad, colocando a los trabajadores que deben accionar en la provincia en una situación más desventajosa en relación a los trabajadores del resto del país. Respecto a esta cuestión también existen algunos fallos que declararon la inconstitucionalidad de la caducidad introducida en esta norma, entendiendo que las únicas caducidades válidas son las establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (art 259 LCT) y que esta norma viola la Constitución Nacional (Arts. 14 bis y 16 ) y el Art. 39 de la carta magna provincial.

Si bien este breve comentario se efectúa en base a cuestiones jurídicas, no hay que dejar de tener presente que toda norma tiene por finalidad regular relaciones humanas, otorgando, quitando o reduciendo derechos, dependiendo del interés u objetivos de las políticas públicas impulsadas, y en consecuencia se puede decir que las leyes tienen siempre un carácter netamente político. Las normas laborales como las analizadas en el presente no resultan ajenas.

A modo de ejemplo quiero mencionar la ley 26.773 de octubre de 2012, que modificó también la Ley de Riesgos del Trabajo 24557, pero a diferencia de las otras normas vistas, esta ley amplió los derechos de los trabajadores siniestrados, introduciendo el índice ripte de actualización para las indemnizaciones laborales por incapacidad, resultando así superiores a las que previstas por el derecho civil.

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Reforma de la Constitución: La Constitución de 1949 https://constitucionypueblo.com.ar/reforma-constitucion-peronista-1949/ https://constitucionypueblo.com.ar/reforma-constitucion-peronista-1949/#respond Thu, 25 Jun 2020 21:33:22 +0000 https://constitucionypueblo.com.ar/?p=125 constitución 1949 reformaLa Constitución de 1853 Los promotores y defensores de la Constitución de 1853 lanzaron alguna vez el mito de la “sabiduría” de los constituyentes del ‘53, es decir, del propio instrumento legal sancionado por ellos. Desde entonces, con mayor o menor ingenuidad, que empezaba incluso en las aulas escolares, se ha venido insistiendo con “nuestra […]]]> constitución 1949 reforma

La Constitución de 1853

Los promotores y defensores de la Constitución de 1853 lanzaron alguna vez el mito de la “sabiduría” de los constituyentes del ‘53, es decir, del propio instrumento legal sancionado por ellos.

Desde entonces, con mayor o menor ingenuidad, que empezaba incluso en las aulas escolares, se ha venido insistiendo con “nuestra sabia constitución…”.

Aun suponiendo que el texto legal del ‘53 estuviese efectivamente impregnado de sabiduría, un mínimo de sentido común autoriza a pensar que una constitución no solo puede, sino que incluso debe ser reformada, a riesgo de anquilosarse en el tiempo y dejar de servir a los fines para que ha sido creada.

Si alguna sabiduría mostraron los convencionales de 1853 fue la de incluir un artículo que expresaba “la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes”.

Pero los “liberales” y “demócratas” en nuestra patria se opusieron siempre a toda modificación de una carta magna que les aseguraba satisfacciones y seguridades, muchas veces en perjuicio y desmedro del grueso de la población.

El gobierno peronista

Una vez instalado el gobierno peronista, anunció la decisión de llamar a elección de convención constituyente para que, mediante la aplicación del artículo constitucional correspondiente, se procediese a la reforma de nuestra carta magna.

Al decir del Presidente Perón: “La evolución de los pueblos, el simple transcurso de los tiempos cambia y desnaturalizan el sentido de la legislación dictada por los hombres de una época determinada. Cerrar el paso a nuevos conceptos, nuevas leyes, nuevas formas de vida, equivale a condenar a la humanidad a la ruina y al estancamiento”. (Tomado del discurso pronunciado ante la Asamblea Constituyente el 27 de enero de 1949).

Los argumentos de la oposición para negarse a tal designio, que debía ser ratificado por el pueblo, fueron variados:

Unos se abroquelaron en la supuesta intangibilidad de una constitución supuestamente “sabia”, valedera para todos los tiempos. Para ellos, la Constitución Argentina debía ser eterna.

Otros adujeron, pese al claro origen democrático del gobierno de Perón, triunfador de las elecciones más claras y transparentes de la historia de nuestro país hasta ese entonces, que la iniciativa provenía de un gobierno “fraudulento” y “totalitario” y que lo que solamente se perseguía era asegurar constitucionalmente la reelección de Perón para un nuevo período de gobierno, circunscribiendo a este solo y único móvil toda la reforma, que por cierto incluía motivaciones y finalidades más trascendentes.

La “inteligencia orgánica” de la oligarquía y los partidos liberales se apresuraron a minar el campo de acción. Las objeciones partieron fundamentalmente del Colegio de Abogados, la Academia de Derecho y Ciencias Sociales y una ignota Asociación Constitucional Argentina.

Perón les salió al cruce y los desarticuló de entrada. Desde su despacho, pronunció un largo discurso la tarde que firmó el decreto de promulgación, el 3 de septiembre de 1948. Del mismo rescato: “Las declaraciones de sociedades y clubes que nada tienen que hacer con la marcha del Gobierno no constituyen sino meras opiniones de grupos de personas. Podrían formarse artificiosamente millones de ellos en la República, pero el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. Y remató: “Si esos señores son verdaderos demócratas como anuncian tanto, su acción han de hacerla sentir en los comicios, no en los tugurios de la conspiración”.

Siempre en el discurso del 3 de septiembre de 1948, el presidente Perón explicó porqué era necesaria una reforma: “Cuando redactamos nuestra proclama revolucionaria en 1943, dijimos que no culpábamos a nuestra Constitución de los males que aquejaban a la República, sino a los hombres encargados de aplicarla, que lo habían hecho en su beneficio y no en el de la Nación. Seguimos pensando lo mismo que entonces y deseamos encarar su reforma para que, cualesquiera sean los hombres que la apliquen, no encuentren ya las posibilidades de deformarla y aplicarla capciosamente. Es evidente también, y eso lo reconocen todos los ciudadanos, que la Constitución Nacional no ha sido adaptada a los nuevos tiempos ni a las nuevas necesidades. Así parecen también haberlo comprendido casi todos los países, desde que nuestra Carta Magna es una de las más antiguas del mundo, en lo que a su actualización se refiere”.

Y añadía Perón: “La Constitución no puede ser artículo de museo, que cuanto mayor sea su antigüedad mayor es su mérito y no podemos aceptar sin desmedro que, en la época de la navegación estratosférica, que nos permite trasladarnos a Europa en un día, nosotros usemos una constitución creada en la época de la carreta, cuando para ir a Mendoza debíamos soportar un mes de viaje. Esa Constitución, buena para cuando la República Argentina era un pequeño pueblo de pastores, sin adaptarla, no puede ser igual para una Nación de 15 millones de habitantes, llegando ya a los mayores adelantos de la industria moderna, con todos los problemas económicos y sociales que tal nueva situación presupone”.

El pueblo apoya a Perón. En las elecciones del 5 de diciembre de 1948 para elegir los convencionales que discutirán la reforma, el peronismo se adjudica 109 convencionales, 48 la UCR y uno el Partido Laborista de Salta.

Tres fuerzas no llegaron a presentar candidatos: el Partido Demócrata, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista.

La Convención inicia sus tareas en la Cámara de Diputados el 24 de enero de 1949. El gobernador de Buenos Aires, Domingo Alfredo Mercante, es designado por sus pares presidente de la Asamblea; el titular de la Cámara baja, el Dr. Héctor José Cámpora, vicepresidente primero y el secretario general de la CGT, José Gregorio Espejo, vicepresidente segundo.

El bloque oficialista es dirigido por el diputado Ángel Miel Asquía y entre los notables del bloque puede mencionarse a Ítalo Argentino Luder, Ángel Robledo, Arturo Sampay, Carlos Aloé, Alberto Teisaire, Armando Méndez San Martín, Oscar Nicolini, Raúl Mendé, Pablo Ramella y Joaquín Díaz de Vivar.

El bloque radical es dirigido por Moisés Lebensohn. Radicales conocidos para actuar en las comisiones: Gabriel del Mazo, Anselmo Marini y Carlos Sylvestre Begnis.

La Constitución fue sancionada el 11 de marzo de 1949 por la Asamblea Constituyente y jurada el 16 de ese mismo mes y año por el Presidente de la Nación.

En el antiguo preámbulo de la carta de 1853, que fue respetado, se había insertado luego de los clásicos objetivos constitucionales “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente Justa, económicamente Libre y políticamente Soberana”. ¿Esto fue así, o fue una mera declaración de principios?

Los cambios más importantes

Hay que aclarar que subyacente existía otro problema. La Revolución Justicialista había iniciado una etapa de grandes cambios en el país en lo político, en lo social y en lo económico y aspiraba a que esos cambios estuviesen insertos en la reforma constitucional, actuando como dije, de acuerdo con lo establecido por la propia Carta de 1853, que preveía su propia reforma a través de una Convención Constituyente Soberana elegida por todo el pueblo.

 

Para Perón esos cambios constituían “un cuerpo serio de modificaciones substanciales orientadas a perfeccionar y actualizar la Carta Magna”.

El propio Líder adelantó los puntos principales.

En lo político, como ya lo había demostrado en los hechos, asegurar y reforzar el régimen republicano, representativo y federal.

En lo económico, el afianzamiento del bienestar y la prosperidad del pueblo mediante la independencia económica de la patria “que asegure que la riqueza argentina ha de ser para los argentinos y no entregada al extranjero como lo había sido hasta nuestros días, con lo que lucraban los grupos que entregaban al extranjero las riquezas del país”.

También en lo económico, la premisa era suprimir la economía capitalista de explotación, reemplazándola por una economía social en la que no hubiese explotadores ni explotados, con el capital al servicio de la economía nacional y no la economía argentina al servicio del capitalismo internacional y suprimir el abuso de la propiedad, puesto que el bien privado es también un bien social (esto lo analizaré en detalle, más adelante).

Por último, en lo social se trataba de instaurar un régimen justo y humano, sin privilegios y sin lucha de clases “donde la fraternidad, la generosidad y el amor presidan las relaciones entre todos los argentinos”.

También se trataba de institucionalizar los derechos del trabajador, incorporándolos a la ley y a la costumbre.

Y asimismo asegurar el acceso de todos los argentinos a los beneficios de la cultura, de la educación y de la ciencia, sin que fuese como hasta entonces el dinero la única llave, en vez de serlo la inteligencia, las aptitudes y la dedicación de cada uno.

Campea como inspiración filosófica de estas reformas la Doctrina Social de la Iglesia Católica, expuesta principalmente en las Encíclicas Papales de los tiempos modernos y en la concepción de justicia social que desarrollaba en sus escritos Santo Tomás de Aquino.

La función de la propiedad

De enorme trascendencia resultó el capítulo IV de la Constitución del 49, que trata lo concerniente a la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.

Hay tres artículos fundamentales:

Artículo 38. “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”.

Artículo 39. “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social” y “sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”.

Artículo 40. “La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”.

Debe resaltarse que toda esta doctrina constitucional entraña una diferencia fundamental con el texto del ‘53, cuyos redactores estimaban absoluto e inviolable el derecho de propiedad, a tal punto que el Código Civil, sancionado de conformidad con ese principio, admitía, sin más, que el propietario de una cosa podía desnaturalizarla, degradarla e incluso destruirla.

La nueva constitución entiende que la propiedad privada, como asevera Arturo Enrique Sampay, aunque conserva su carácter individual, asume una doble función: personal y social.

“Personal en cuanto tiene como fundamento la exigencia de que se garantice la libertad y afirmación de la persona; social, en cuanto esa afirmación no es posible fuera de la sociedad, sin el concurso de la comunidad, que la sobrelleva, y en cuanto es previa la destinación de los bienes exteriores en beneficio de todos los hombres”.

Lograr una economía humanista

Es necesario destacar la enorme importancia de las disposiciones constitucionales referentes a la economía nacional, en cuanto tienden a preservar la soberanía nacional en el exterior y paralelamente asegurar el justo beneficio económico al pueblo productor.

1. Por ejemplo, un artículo de la Constitución del 49 dice que, en cuanto a la importación y exportación, las mismas estarán a cargo del Estado. Es la creación del Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (IAPI), que permitió a ese Estado una función reguladora que se tradujo en la fijación de precios compensatorios para los productores, cuyas mejores ganancias iban antes a las arcas de los monopolios.

¿Qué hacía el Estado? Compraba toda la producción agropecuaria y la comercializaba en el exterior. El IAPI garantizaba precios mínimos y estables a los productores rurales incentivando así la producción y protegiendo a los productores de los desastres climatológicos y otras eventualidades.

La clave era la siguiente:

  • A muchos vendedores internos (productores)……un solo comprador (Estado)
  • a un solo comprador externo (Inglaterra)…un solo vendedor (Estado).

Esto permitía regularle las ganancias a la oligarquía y regularles los precios a los ingleses en función del interés nacional. El Estado se interponía así entre los oligarcas y sus aliados externos.

Anteriormente esos precios eran fijados por las grandes compañías exportadoras como Bunge & Born, Ridder, etc.

Además, al mantener bajos los precios del agro y al controlar la comercialización interna, se garantizaban bajos precios de los alimentos para la mayoría de la población.

2. Las riquezas nacionales habían sido entregadas al dominio foráneo o se pretendía hacerlo; nada resguardaba en este sentido la anterior Constitución, merced a cuya excesiva liberalidad, servicios públicos esenciales estaban en manos de empresas foráneas que respondían a la política de sus países de origen (Francia, Inglaterra, Alemania) o al capitalismo sin fronteras, apátrida. Pero lo que es seguro, en ninguno de los dos casos, es que servían a los intereses argentinos o los contemplaban de alguna manera.

3. El nuevo texto constitucional estableció “que los minerales, las caídas de agua, el petróleo, el carbón y el gas y toda fuente de energía natural excepto la de origen vegetal son propiedades imprescindibles e inalienables de la Nación”.

4. También estableció sin lugar a ningún tipo de dudas que “los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado”.

El hombre es el eje de una nueva sociedad

El instrumento legal de 1853 se ocupó casi con exclusividad del orden político. Su concepción fue netamente individualista y no traducía en modo alguno un auténtico sentido de comunidad, de vida social organizada.

Se consideraba al individuo ante todo como un ser político y no en su condición también primordial y fundamental de trabajador y miembro de una familia, esposo y padre.

En la carta de 1853 se ignoraban todas las llamadas sociedades intermedias, es decir: la familia, el municipio, las clases sociales, las asociaciones profesionales, o sea, todas las agrupaciones naturales que, en conjunto, integran una comunidad.

La Constitución de 1949, basada en todos esos principios ignorados en la anterior, legisló adecuadamente sobre los derechos del trabajador, de la familia y de la ancianidad y tuvo en cuenta el derecho de todos los ciudadanos a la educación y a la cultura.

Los derechos del trabajador

 Con anterioridad a la inclusión en la Carta del ‘49 de los derechos sociales, el gobierno provisional, primero por inspiración de Perón y el justicialista después, habían dictado una sólida legislación que protegía y defendía el trabajo y al trabajador.

Su inclusión expresa en el nuevo texto constitucional tenía, sin embargo, un motivo: todas aquellas disposiciones revolucionarias de carácter social habían sido tachadas de inconstitucionales e impugnadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si bien ésta las había declarado válidas, con excepciones y con reservas, ello solo no bastaba. Era preciso darles jerarquía constitucional.

El capítulo III de la nueva constitución incluye, por lo tanto, los derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad y de la Educación y la Cultura.

Los primeros, los del trabajador, son diez y no necesitan en verdad mayor explicación ni comentario. Son

Derecho a trabajar

Derecho a una retribución justa

Derecho a la capacitación

Derecho a condiciones dignas de trabajo

Derecho a la preservación de la salud

Derecho al bienestar

Derecho a la seguridad social

Derecho a la protección de la familia del trabajador

Derecho al mejoramiento económico

Derecho a la defensa de los intereses profesionales

Todos ellos habían sido llevados a la práctica por el peronismo al:

  • estatuir salarios justos que permitían la satisfacción de las necesidades vitales del trabajador,
  • al estimular y propender a la capacitación técnica del obrero,
  • al establecer condiciones dignas y justas de labor,
  • al disponer la higiene y seguridad como requisitos esenciales de todo régimen de trabajo,
  • al implantar regímenes de previsión, de ayuda mutua,
  • al proteger la libre agremiación para la defensa de los intereses de cada oficio.

En la práctica, el peronismo había asegurado el derecho al trabajo, al bienestar mediante el goce de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada, a la protección de los miembros de la comunidad familiar y al mejoramiento económico de todos.

Derechos de la familia

También se aseguraba el derecho del empleado y del obrero a proteger a su esposa, hijos y demás integrantes del núcleo familiar.

Los derechos de éste eran enunciados taxativamente en el mismo capítulo de la Constitución:

“La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines”.

Se protege así al matrimonio. Se garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges, así como la patria potestad. Se tiene muy en cuenta todo lo relativo al bienestar de madres e hijos -ya implementado en la práctica por el gobierno de Perón- y se contempla como institución, que una ley especial habría de determinar (la del bien de familia), que éste sería indivisible, inajenable e inembargable.

Derechos de la ancianidad

Los Derechos de la Ancianidad, a saber:

Derecho a la asistencia

Derecho a la vivienda digna

Derecho a la alimentación

Derecho al vestido

Derecho al cuidado de la salud física

Derecho a la salud moral

Derecho al esparcimiento

Derecho al trabajo

Derecho a la tranquilidad

Derecho al respeto

son un complemento de los anteriores y especialmente de los Derechos de la Familia.

Se contempla al hombre y a la mujer que luego de toda una vida de trabajo pueden quedar en el desamparo. En ese caso “corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas o que se crearen con ese fin”.

La creación de hogares para ancianos sin familia y sin recursos, las pensiones a la vejez, fueron, entre otras, las medidas prácticas que adoptó el Gobierno Justicialista para garantizar tales derechos.

Derechos a la educación y a la cultura

En lo que se relaciona con este punto, el nuevo texto legal declaró que “la educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboran con ella”, para cuyo fin “el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundarias, técnico-profesionales, universidades y academias”.

De los siete puntos que integran esos derechos especiales, me gustaría detenerme en tres:

1. El que asigna a las universidades la misión de profundizar las artes, ciencias, folklore, etc. de sus respectivas zonas de influencia, es decir, un reconocimiento de los valores regionales que integran la cultura argentina.

2. La función realmente trascendente de promover las artes, técnicas y ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y el aumento de la actividad económica de cada zona, o sea, la integración de la Universidad al medio y el no circunscribirse a una enseñanza teórica o abstracta, sino a una vinculación efectiva con la realidad argentina, procurando encarar y resolver sus problemas.

3. También deben destacarse las disposiciones relativas al patrimonio cultural de la Nación. La Constitución expresa claramente que “las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos”.

Resumiendo: si uno quisiera significar la importancia de la Constitución Nacional de 1949 en una frase, debería decir que incidió particularmente en dos puntos: la defensa del interés nacional y la protección de los derechos sociales.

Caído el Justicialismo, rápidamente la oligarquía a través del gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora” implementa otra reforma constitucional para derogar la del ‘49 y reinstalar la del ‘53.

La pretensión del gobierno de facto era implementar en el país la fría y cruel fórmula de la “economía social de mercado” y que no significaba otra cosa que convertir al país en un gigantesco comercio donde, como en los mercados, todo se compra y todo se vende (la vivienda, la salud) o se alquila (como la fuerza de trabajo, el mismo cuerpo humano). En ese mercado, el Estado debería oficiar como los martilleros en las subastas, adjudicando los bienes materiales y espirituales de la Nación al mejor postor, es decir al más rico.

En julio de 1957 se llama a elecciones de convencionales constituyentes, y para sorpresa de muchos, el voto de repudio del peronismo proscripto -voto en blanco- sale primero con 2.115.861 votos, contra 2.106.524 de la UCRP y 1.847.603 votos de la UCRI.

Proseguía así la Resistencia Peronista contra la entrega, el fraude y el latrocinio.

* Articulo publicado en febrero de 2009

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La pandemia fue decretada por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) dentro de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U).

En nuestro país, el gobierno rápidamente ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio (A.S.P y O), decisión que a la luz de la comparación con otros países evitó muchas muertes y ralentizó los contagios. Hasta aquí, describimos actitudes organizaciones políticas. Ahora, ante la misma realidad, me gustaría analizar las respuestas individuales o comunitarias. Se puede señalar que frente a las medidas políticas el individuo puede: a) respetar las consignas, b) se rebela ante ellas. En segundo término, podríamos investigar cómo se respetan y qué cambios produce en la vida de esas personas o en su contrafrente, cómo se rebelan y qué cambios produce.

En un barrio común y corriente del gran Buenos Aires se nota el cumplimiento general de las medidas de protección, siendo llamativo observar a las que concurren a realizar sus compras en los comercios cercanos a sus domicilios, ya no delatan un paso apresurado y la cabeza gacha, sino que se demuestran observadores y hasta cruzan saludos con vecinos desconocidos. Vieron, también, que los choferes de colectivos dejan paso a los peatones y respetan las velocidades urbanas. Les aliento a descubrir otros casos como los referidos.

En los hogares se encuentra la familia reunida y esto permite que se genere el diálogo que el vértigo del tiempo socavaba. Se aprovecha a hacer algún arreglito menor en la casa, remiendos de ropas, confección del barbijo, cocinar cositas que antes eran compradas, hacer la tarea con los niños, ver una película juntos, en síntesis, se comparte lo cotidiano.

Los trabajadores –incluyo a los cuentapropistas– tuvieron que adaptarse al marco sanitario. Lo público quebró las barreras que impedían llegar con soluciones innovadoras y lo privado de igual manera. Ya no se pide ese papelito o ese cartoncito que la gente nunca tiene, ahora se atiende el problema después se arregla lo administrativo. Y este aspecto, no es menor.

El aislamiento provocó más comunicación, más personalización, más humanización.

Pero como se adelantó, existen quienes se oponen a las medidas y como no pueden alzarse públicamente contra aquellas porque es delito, boicotean, desinforman y pregonan falsas disyuntivas. En lo individual, siguen con el paso apresurado y mirando hacia abajo, se niegan a mirar el rostro del otro, ya que no quieren verse semejantes. Siguen atados a las prácticas anteriores y afirman que se debe volver cuanto ante a ellas, a pesar de que provocarían innumerables contagios, pero es el costo que hay que pagar. Estos casos se ven en lo público y en lo privado, fíjense y encontrarán.

Estas dos actitudes no son novedosas, la pandemia es un nuevo escenario para que estos actores desarrollen sus papeles. Está en cada uno de nosotros elegir el final de obra que queremos presenciar.

Cuando todo esto haya transcurrido y sigamos adelante, en qué postura lo haremos, ¿con cabeza gacha o erguida?

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Hoy en los juzgados de familia https://constitucionypueblo.com.ar/hoy-en-los-juzgados-de-familia/ Fri, 19 Jun 2020 19:56:25 +0000 https://constitucionypueblo.com.ar/?p=110 juzgados de familiaEl sistema judicial necesita herramientas para abordar los conflictos agravados por la pandemia. Los juzgados de familia deben acelerar los procesos burocráticos para asistir a las víctimas.]]> juzgados de familia

Estos días de cuarentena nos invita a pensar en estas prácticas profesionales y políticas. Desde la perspectiva de los trabajadores sociales esta práctica apunta a ver donde se encuentra el más débil, donde están los nudos de los conflictos.

Entendemos que atravesamos una difícil situación socio económica. Las crisis económicas repercuten inmediatamente en la trama social y en especial en las familias en condición de vulnerabilidad.

Los juzgados de familia ocupan su atención un 60 por ciento en cuestiones de violencia. En menor medida divorcios, cuestiones de salud mental como internaciones psiquiátricas y determinaciones de la capacidad jurídica, cuidado personal de niños, adopciones y situaciones de abrigo de niños, cuyos padres no están en condiciones de cuidar adecuadamente y deben ser institucionalizados.

Las últimas disposiciones de Suprema Corte de Justicia han prorrogado todas las medidas vigentes sobre todo en cuanto a los casos de violencia. Eso da un aire, pero a la vez congela situaciones que siempre son dinámicas.

El ingreso del poder judicial al sistema familiar no garantiza que las medidas tengan el éxito esperado. Trabajamos con un material muy lábil, que se fragiliza aun mas con la pandemia. Los espacios son reducidos, los recursos económicos se agotan, los niños sin escuela y si poder salir aportan a la olla a presión domestica. El contexto hace que entre el miedo al contagio y el miedo a perder el trabajo constituyan dos fuerzas encontradas.

Según el reportaje realizado a Maia Arenas, la joven que vivió hasta sus 20 años en una villa de la periferia de Bahía Blanca, hablo de dos problemas importantes en la pobreza: la garrafa que se termina, las donaciones que llegan son todas para cocinar. En esta contingencia se reducen los insumos recibidos, pero la garrafa se gasta igual, y reponerla demanda un capital que la gente no tiene.

Como profesionales sentimos una responsabilidad frente a lo que conocemos de cada familia con la que debemos trabajar, en general son denunciantes, que no es acompañada por la estructura judicial. El dispositivo burocrático es mucho más lento que las necesidades de la víctima y su familia. Las medidas posibles son limitadas.

A diferencia de otros departamentos judiciales contamos con la red de Salud mental que funciona una vez por mes en una reunión amplia que se desarrolla en nuestro sindicato (AJB La Matanza). Ese es un espacio de intercambio de información de efectores de diferentes ámbitos. Hace que en muchos casos se agilicen los tiempos institucionales. Para todos los que la integramos es un espacio de salud, de catarsis y de respuesta inmediata. Siempre hay alguien dispuesto para responder. Actualmente estamos realizando una sistematización desde esa práctica tan vital.

Por otra parte, contamos con la red de prevención de la violencia de La Matanza con todos sus centros activos distribuidos en todo el territorio.

Frente a la adversidad, no tenemos más herramientas que la unidad y la creatividad, el trabajo debe fluir para que las personas que han quedado más frágiles cuenten con un Estado que responda. Para eso los profesionales comprometidos con el proyecto nacional debemos ser la herramienta más efectiva.

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¿Y si ponemos las reglas? https://constitucionypueblo.com.ar/y-si-ponemos-las-reglas-del-juego/ https://constitucionypueblo.com.ar/y-si-ponemos-las-reglas-del-juego/#respond Fri, 19 Jun 2020 18:26:46 +0000 https://constitucionypueblo.com.ar/?p=98 reglas de juego justiciaNuestra Nación inició un proceso de transformación desde los diferentes  sistemas de enjuiciamientos penales locales, que era anhelado desde las Primeras Letras delineadas por los redactores de Nuestra Carta Magna, me atrevería a decir que desde nuestra revolución, al romper los lazos con la Madre Patria, los Argentinos nos dimos cuenta que el norte común […]]]> reglas de juego justicia

Nuestra Nación inició un proceso de transformación desde los diferentes  sistemas de enjuiciamientos penales locales, que era anhelado desde las Primeras Letras delineadas por los redactores de Nuestra Carta Magna, me atrevería a decir que desde nuestra revolución, al romper los lazos con la Madre Patria, los Argentinos nos dimos cuenta que el norte común de esta región en nada se participaría con las de los ciudadanos europeos, estableciendo desde allí las bases para llevar a cabo un Gobierno Representativo, Republicano y Federal.

No es menos cierto que la conjunción de esas tres acepciones no siempre fue adoptada por todos y estas líneas distan mucho de ser una lección de historia, empero es bien conocido por el colectivo social, el inmenso enfrentamiento que ha vivido esta Tierra entre Unitarios y Federales, sin embargo, hoy en día ya no se escucha a nadie decir “que debería aplicarse el sistema unitario”.

Ello es que, hoy ningún ciudadano argentino podría representarse otra práctica diferente al de las autonomías Provinciales y los poderes delegados. En virtud de ello, es que creo que luego de tanto tiempo, hoy los “Juradistas” han logrado dar un gran paso en las diferentes legislaciones provinciales, como es el caso de Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, Chaco, Rio Negro, San Juan, Chubut, e incluso Córdoba –con su modelo escabinado–,como también se encuentra en vías de implementación en Salta, Santa Fe y Entre Ríos, e incluso la misma Provincia de Salta ha iniciado un paso importantísimo dentro de la Jurisdicción Federal con la instauración de un Código de Procedimiento Acusatorio.

Sin embargo y aunque aún quedan resabios de los defensores de la Justicia Técnica Penal, estoy convencido que las provincias pioneras en la aplicación del sistema de litigación adversarial puro –y claro está que este sistema no se concibe sin jurados–, están demostrando y recalcando lo que nuestros constituyentes han mandado a hacer nada mas y nada menos que en tres pasajes de la Constitución arts. 24, 75 inc. 12 y 118–.

Por ello es, que después de la clásica separación de poderes, en donde los ciudadanos participan en el órgano legislativo y en el ejecutivo a través del sufragio. La única forma de intervención ciudadana en el Poder judicial, que está mucho más profesionalizado, es a través del jurado como forma de administrar justicia.

Claro está que, por su funcionamiento, es un sistema muy respetuoso de las Garantías constitucionales que rigen el proceso penal. El establecimiento de jurados obliga a que el juicio sea oral y público, tornando de mayor transparencia a las decisiones judiciales, y haciéndolas más accesibles a la ciudadanía, en pos de un lenguaje más sencillo.

Estudios alrededor del mundo también demuestran que el establecimiento de jurados aumenta la Legitimidad (política) y la confianza que tienen los habitantes en el sistema de justicia, haciéndolos sentir más comprometidos con sus deberes públicos, lo cual ayuda el fortalecimiento de la Democracia representativa.

Con esta humilde introducción iniciaré el desarrollo del objeto del presente artículo, el cual desde hace un tiempo pensé en escribir, dado a que en mis inicios de la aplicación del sistema y durante los primeros juicios transitados, comparto la idea de confeccionar un Código de Evidencia que demarque que pruebas resultarían Relevantes, Confiables y que no ocasiones un Perjuicio indebido para ser expuestas ante un Jurado.

Este compendio no es otro que el tamiz por la cual la Jurisdicción debe pasar cada elemento de prueba que pretenda utilizar durante el Contradictorio, para que luego de este análisis la misma adquiera el valor probatorio suficiente para ser presentado por ante el Jurado.

Ahora bien, en cuanto a este aspecto, en mi forma de resolver dicha cuestión, y dado que soy un ferviente defensor del sistema adversarial puro, es decir, que quien debe controlar, argumentar y oponerse a la introducción de una determinada evidencia, no puede ser nadie más que la CONTRAPARTE, acción que no debe ser suplida por la actividad jurisdiccional del Juez técnico.

Por ello, y desde esta óptica resulta mas que menester la confección de un Código de Evidencia que demarque los límites y alcances para las partes en cuanto a la incorporación, utilización y valoración de los diferentes elementos de probatorios.

En cuanto se habla de jurados no podemos dejar de representarnos al sistema Anglosajón, pero lo cierto es que diversas legislaciones han adoptado con el correr del tiempo el procedimiento adversarial por jurados populares, por ello es que podemos ver que además de Estados Unidos e  Inglaterra, Alemania, Canadá, Australia, España, Francia, Italia, Nicaragua y Puerto Rico entre otros, han adoptado este procedimiento por excelencia con diferentes matices, pero siempre manteniendo la decisión jurisdiccional en el soberano. 

Jurado. Foto: Biblioteca Pública de Nueva York.

Es decir, en una primera clasificación se podría decir que el sistema anglosajón (tradicional) continúa vigente en Estados Unidos, Australia, Rusia, España y en la «High Court» inglesa. Mientras que el mixto en Bélgica, Austria y Noruega. Y el escabinado en Francia, Italia, Suecia, Portugal, Suiza y Grecia, así como en la «Magistrate Court» inglesa, entre otros estados europeos, ya que es el sistema mayoritariamente adoptado en Europa, siendo solamente Holanda  el único estado europeo que carece de jurado.

Mas allá de ello, y pese a que diversos estados se han desarrollado dentro del sistema, lo cierto es que no podemos dejar de observar que como meta de nuestro horizonte no puede ser más que el procedimiento empleado en los Estados Unidos, dado que luego de mas de doscientos años de aplicación, y luego de una profunda evolución jurídica de dicho país, que se fue perfeccionando a través del “Common law”, en la actualidad se ha desarrollado un compendio probatorio que incorpora todas las reglas y resoluciones que se ha arribado en materia probatoria, –llamadas Federal Rules of Evidence, o su clon latino, Código de Evidencia de Puerto Rico–, codificándolas y volviéndolas normativamente aplicables a cada caso o cuestión en particular.

Por ello es que un código de evidencias de este tipo, no solo que abarque la parte penal,  sino también aquellas áreas del derecho en las cuales se vaya implementando el sistema oral y público, es el medio más idóneo para un mismo fin, debiendo incluir todo lo concerniente a la obtención y recopilación, producción y  reproducción de los diferentes elementos probatorios, para así alcanzar el carácter suficiente para ser mostrado a un jurado lego (y por que no también al Juez técnico), como también  todo lo atinente a las llamadas reglas de exclusión y la valoración de la prueba.

Es decir, claro está que como he adelantado en estas líneas, nuestros legisladores locales, han iniciado un proceso de transformación de los respectivos Códigos de Procedimientos Penales,  partiendo de la herencia del sistema continental europeo, a un modelo Penal acusatorio/adversarial, tendiéndose por adaptar aspectos del sistema probatorio norteamericano, de raigambre anglosajona, dentro de un sistema totalmente diferente. Dos formas por las cuales la obtención de “la verdad” es alcanzada a través de caminos totalmente diferentes. Uno con epicentro en la jurisprudencia, y la mira puesta en entregar a un jurado de conciencia la “evidencia”, clara y desprovista de duda. Otro, teniendo por guía el principio de legalidad, con la utilización de cuerpos legales  unificados y sistematizados en códigos, encontrándonos hoy así en una mixtura asistemática,  que resulta de difícil asimilación por los operadores jurídicos, dado que apenas hace muy poco se vieron empujados a pensar ya no de la manera como no lo enseñaron nuestros maestros de derecho probatorio, sino en torno al concepto de evidencia y de los derechos ganados por el pueblo norteamericano a partir de la Cuarta Enmienda, por lo que indiscutiblemente el siguiente peldaño a superar no es más que la incorporación de dicho compendio de evidencias que vengo pregonando.

Máxime, cuando no podemos dejar de observar que hasta la implementación del Juicio por Jurados en Nuestro País nos encontrábamos aplicando un sistema jurídico –continental europeo– al igual que muchas otras naciones latinoamericanas, que al día de hoy ha sido desplazado, o al menos evolucionado, justamente en los mismos países donde se ha gestado.

A su vez, tampoco se puede pasar por inadvertido que nuestro Código de Procedimiento actual (en este caso en particular hablo del CPP de la Pcia. De Buenos Aires), pese a la incorporación de la ley 14543, ha mantenido algunas pocas normas en torno a la implementación de elementos probatorios que se hallan desperdigadas en el Código, circunstancia que se ve reflejada en mayor o menor medida en el resto de las jurisdicciones locales.

Por ello es, que la utilización e implementación de las diversas reglas de evidencias, sería mucho más fácil, si éstas se trataran de una manera ordenada y sistemática dentro de un cuerpo normativo referido única y exclusivamente al tema probatorio. Una amplia gama de posibilidades se abrirían entonces:  poder desarrollar las diversas reglas de evidencia de manera más amplia y profunda; corregir los errores o inconsistencias observadas en la legislación actual; evitarle a los órganos revisores la fatiga de estar interpretando textos que queriendo decir algo,  pueden dar razón a otra cosa;  el disponer de un código de pruebas con reglas comunes a las diversas áreas del derecho,  permite que cualquier litigante, independientemente de su rol, pueda entenderlo y aplicarlo  sin mayores problemas y así también dar paso a la función de contralor de su contraparte.

No es falso que hasta hoy nos hemos acostumbrado a analizar el campo jurídico con dos posturas imbricadas una en la otra: los procedimientos y las pruebas. Sin embargo, cuando analizamos la forma como opera la legislación norteamericana, tenemos por fuerza que reconocer que no es técnico, ni  metódico, mezclar la prueba, base del reconocimiento de derechos, con un elemento de naturaleza tan disímil como el de los procedimientos, tratándose nada más que   del vehículo sobre el cual se mueve el derecho.

Es así, que las normas en materia probatoria son consideradas como un cuerpo legal independiente y no simplemente un anexo al derecho procesal civil o penal. Dado que pueden ayudar al abogado en ejercicio y al estudiante a entender el complejo cuerpo normativo en materia de pruebas, ya que las reglas están diseñadas para limitar el tipo de información que las partes pueden ofrecer a quienes están a cargo de la valoración de los hechos, bien sean Jueces o miembros de un jurado, a su vez son utilizadas fundamentalmente para asistir a aquellos que tienen a su cargo la valoración de los hechos, a reconstruir eventos históricos cuyas circunstancias son discutidas por las partes, operando  fundamentalmente en un ambiente puramente adversarial.

Mientras que, en el caso de las reglas procedimentales, la aplicabilidad de una norma en particular depende inicialmente en si ha sido o no invocada, por una parte, esta noción de instancia de parte puede ser vista más claramente si lo resumimos en la premisa de “que todas las pruebas son admisibles a menos que sean excluidas”, o sea, que serán admitidas a menos que sean objetadas por la contraria y esta objeción resulte aceptada.

Enfocarnos en la relación entre la práctica profesional y las reglas en materia probatoria es útil para poner estas reglas en perspectiva, en los procedimientos adversariales se presume que toda la información necesaria para resolver el caso será producida, pues se confía en que cada parte traerá a juicio todos los elementos probatorios que le beneficien. Las reglas probatorias contribuyen a que se cumpla este objetivo al permitir que cada parte asuma que las pruebas que presente se considerarán admitidas, a menos que sean objetadas por el contrario y que dicha objeción se declare con lugar, para garantizar que al decidirse las controversias sean tomados en cuenta únicamente hechos admisibles, las reglas en materia probatoria permiten la formulación de objeciones sujetas a cinco limitaciones generales, el Juez puede excluir una prueba cuando es (1) irrelevante, (2) relevante pero considerada inconveniente por el legislador por ser indebidamente prejudicial, (3) relevante pero excluida por el juez como indebidamente prejudicial, (4) relevante pero excluida por el legislador como no confiable, y (5) relevante pero considerada inconveniente por el legislador por razones de política legislativa.

Debido a que el jurado está integrado por personas que ordinariamente no conocen de derecho, que simplemente van a dar un veredicto de culpable o no culpable a partir de la observación de unos hechos, en conciencia y no en derecho, es por lo que hay una rigurosa necesidad de presentar a éste hechos concretos, claros y  evidentes,  que conformen un cimiento del cual permita tomar una decisión en base al sentido común.  Ello sólo puede lograrse en aplicación de un sistema como el de reglas de evidencia, en donde al jurado sólo se le presentará lo evidente, lo que fuera tan diáfano, que no se prestará a malas interpretaciones.

Al hacer mención a  la evolución que ha adquirido el Derecho Angloamericano, se hace referencia al Tratado sobre Sistema de Pruebas de 1904,  siendo ésta la primera codificación en materia de reglas de evidencia;  luego  el Código Modelo de 1945 (redactado por el American law Institute, éste instituto es una organización no-gubernamental y lo que produce no tiene carácter vinculante en ninguna jurisdicción de los estados unidos; sin embargo sus publicaciones, son muy influyentes debido a que el instituto está integrado por jueces, abogados y académicos de mucho renombre), las Reglas Uniformes de 1953, y el Código de Evidencias de California de 1965, para así dar lugar al Código de Reglas de Evidencia Federales, expedido en 1975,  constituyéndose así en el primer gran intento en unificar a nivel nacional  las más importantes reglas de evidencia y que aún posee plena vigencia. La jurisprudencia, de esta forma, que era fuente principal de derecho probatorio, pasó a un segundo plano a cumplir una función interpretativa supletoria.

Para John Henry Wigmore –uno de los promotores del primer gran tratado de evidencia estadounidense–, definió “evidencia” por fuera de un principio lógico o jurídico, sino como un hecho,  o conjunto de hechos,  que se ofrecen ante un jurado o un tribunal con miras a persuadirle respecto a la veracidad de una proposición de hechos.

A su vez, Thayer, otro de los doctrinarios más connotados en materia de reglas de evidencia, definió la Ley de Evidencia como “el conjunto de reglas y principios que afectan las investigaciones judiciales respecto a cuestiones de hecho, en su mayoría controvertidas.”   No teniendo por objeto las reglas de evidencia de regular los procesos de razonamiento o de argumentación, los cuales tienen sus propios métodos, sino simplemente, probar cuestiones de hecho, las cuales,  una vez admitidas en juicio, esto es, convertidas en prueba, servirán de base al juez para argumentar y fundamentar su decisión.

En general, las reglas de evidencia tienen aplicación hasta el momento en que se genera la prueba. Independientemente de su valoración,  la cual simplemente hará el juzgador con el sistema que se tenga dispuesto para ello, ya sea la libre apreciación racional, la sana crítica,  o como lo hace el jurado de conciencia, a base de convicción intima. Por la misma razón, es que en ningún momento puede considerarse el modelo de prueba tarifada.

Dentro del sistema procesal angloamericano, las reglas de evidencia intervienen aspectos como:  la legalidad, su pertinencia, su admisibilidad, su conocimiento judicial, los privilegios,  incorporación de evidencias en juicio, presunciones, entre otros.

Por ello es que con el sistema de reglas de evidencia se pretende tamizar el caudal probatorio, antes de exponerlo al juzgador para su apreciación, el cual finalmente tomará una decisión con base en lo probado,  sólo pudiendo dictar fallo condenatorio cuando esa evidencia da clara razón del hecho atribuido y de la responsabilidad penal que en el mismo tiene el procesado,  libre de duda razonable.

Por ello es que propongo, retomando el fin del presente artículo, empezar a confeccionar y diagramar un compendio de normas que establezcan cuales, para que y como introducir los diferentes elementos de prueba que pretendan incorporar al Debate las partes que hoy han tomado un rol absolutamente protagónico.

Ahora bien, más allá de que dicho avance legislativo resultaría sumamente fructuoso, y estoy convencido que el mismo nos ahorraría “mas de un dolor de cabeza”, también es cierto que hasta el momento se ha logrado con los recursos que se cuenta y el absoluto compromiso de los mismos operadores judiciales llevar adelante el sistema de enjuiciamiento por jurados sin ningún inconveniente, máxime cuando, como lo he detallado en estas líneas, los Estados Unidos ha tardado poco más de un siglo en empezar a confeccionar su propio código de evidencias (recuérdese Tratado sobre Sistema de Pruebas Angloamericano de 1904).

En razón a lo expuesto es que debemos entender, en mi rendida opinión, que sin apresurarnos en decisiones normativas inconsistentes y bajo el compromiso de una reevaluación permanente y constante, es que debemos formar una comisión que incorpore a Magistrados, Funcionarios y Letrados que con su aporte comiencen a reglamentar el uso de determinada evidencia durante el desarrollo del Contradictorio.

Dicha solución no es otra cosa que una derivación de lo que para mi es el padre de enjuiciamiento adversarial, es decir, el propio common law, dado que si podemos observar algo del derecho anglosajón, es que el mismo posee una característica de evolución constante y permanente, y ello no es para menos dado que nuestra labor se ha vuelto social en su máximo esplendor,  requiriendo por ende de un entendimiento y comprensión de los ciudadanos legos, que hasta hace poco tiempo se los tenía excluidos del sistema de justicia, a pesar de ser ellos los principales mártires del sistema.

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